Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional formalizó este lunes el ultimátum al Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante una carta donde la secretaria legislativa Luz Angélica Smith notificó a la presidenta del organismo electoral, Ana Paola Hall, que las decisiones del Pleno Legislativo publicadas en La Gaceta son de «obligatorio cumplimiento» para todas las instituciones del Estado, exigiendo la realización del escrutinio ordenado por el decreto 58-2025.
La misiva de Smith representa la materialización de la advertencia que hizo el sábado el encargado del Congreso, Luis Redondo, cuando amenazó que si el CNE no ejecutaba el recuento, el Poder Legislativo lo haría, consumando así la usurpación de atribuciones que juristas y organismos internacionales han caracterizado como intento de autogolpe para revertir resultados electorales certificados.
El Congreso reiteró su compromiso con el «respeto irrestricto a la Constitución», la legalidad y la transparencia del proceso democrático, en un párrafo que contrasta dramáticamente con las denuncias de múltiples sectores que señalan que el decreto fue aprobado sin el quórum de dos tercios requerido constitucionalmente para asuntos electorales.
Smith solicitó «de manera respetuosa» la realización del escrutinio de votos ordenado en el decreto «debidamente publicado» en el Diario Oficial, utilizando lenguaje protocolar que contrasta con el carácter de exigencia que representa la notificación sobre «obligatorio cumplimiento» de decisiones legislativas.
El documento enfatizó que las decisiones adoptadas por el Pleno Legislativo, debidamente aprobadas y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, son vinculantes para todas las instituciones del Estado, «en garantía del respeto a la voluntad popular» y del fortalecimiento del Estado de derecho en Honduras.
La invocación del «respeto a la voluntad popular» por parte del Congreso Nacional resulta particularmente irónica considerando que el CNE ya certificó esa voluntad declarando ganador a Nasry Asfura con el respaldo de misiones de observación internacionales, y es precisamente el decreto legislativo el que busca desconocer esos resultados oficiales.
Asimismo, la carta aclaró que el decreto no reforma ni deroga la Ley Electoral, en un intento por neutralizar argumentos jurídicos sobre la inconstitucionalidad de que el Congreso asuma funciones del CNE sin modificar previamente el marco legal que establece las atribuciones exclusivas del organismo electoral.
Sin embargo, la aprobación y publicación de este decreto ha generado rechazo de distintos sectores de la sociedad porque advierten que es una ilegalidad del Congreso Nacional por atribuirse funciones del CNE y constituye delito de traición a la patria, según han denunciado juristas, legisladores de oposición y organizaciones civiles.
El constitucionalista Juan Carlos Barrientos advirtió el domingo que los magistrados de la Sala de lo Constitucional podrían ser juzgados como cómplices si no declaran la inconstitucionalidad del decreto, mientras que diputados de la oposición han calificado las acciones de Redondo y Castro como traición a la patria, delito que no prescribe según la legislación hondureña.
La remisión formal del decreto al CNE coloca a la presidenta Hall en la encrucijada que anticipaba: acatar la orden legislativa implicaría legitimar la usurpación de funciones constitucionales del organismo que preside; negarse podría resultar en que el Congreso ejecute directamente el recuento invocando supuesta «omisión» del CNE.
Hall denunció apenas horas antes, en un mensaje público, que el CNE ha enfrentado «sabotaje sin precedentes» y una «confabulación» de sectores de partidos políticos para obstaculizar el escrutinio especial, advirtiendo que el material electoral no puede ser tomado por la fuerza y que el organismo se mantendrá firme pese a la «embestida violenta del oficialismo».
La notificación del Congreso llega mientras las Fuerzas Armadas mantienen custodia reforzada del material electoral en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), y el general Héctor Valerio Ardón confirmó este lunes que no ha recibido orden de Redondo para trasladar las 19,167 urnas, frustrando materialmente la posibilidad de que el Legislativo ejecute el recuento.
La carta de Smith representa el primer acto formal de presión directa del Congreso Nacional sobre el CNE tras la publicación del decreto en La Gaceta, iniciando un proceso de confrontación institucional donde el organismo electoral debe decidir si subordina su autonomía constitucional a mandatos de un poder que carece de atribuciones en materia electoral.
El lenguaje de «obligatorio cumplimiento» utilizado por el Congreso busca establecer que el CNE no tiene discrecionalidad para evaluar la legalidad del decreto sino que debe ejecutarlo inmediatamente, intentando así neutralizar argumentos sobre inconstitucionalidad mediante la imposición de obediencia automática a decisiones legislativas publicadas oficialmente.
La aclaración de que el decreto «no reforma ni deroga la Ley Electoral» revela que el Congreso es consciente de la debilidad jurídica de su acción, intentando argumentar que puede ordenar escrutinios sin modificar el marco legal que establece al CNE como único facultado constitucionalmente para certificar elecciones.
La notificación formal al CNE ocurre a 15 días de la toma de posesión presidencial programada para el 27 de enero, cuando constitucionalmente debe concluir el mandato de Xiomara Castro y asumir el presidente electo Asfura, estableciendo una cuenta regresiva para la crisis institucional más grave que enfrenta Honduras desde el retorno a la democracia.
El rechazo de «distintos sectores de la sociedad» mencionado en el contexto de la notificación incluye pronunciamientos de Estados Unidos advirtiendo «severas consecuencias», del Reino Unido exigiendo transición pacífica, de la OEA denunciando violencia e ilegalidad, y de ocho naciones latinoamericanas rechazando el decreto que afecta la institucionalidad democrática hondureña.
