Tegucigalpa – El diputado Tomás Ramírez del Partido Salvador de Honduras reveló este sábado el tecnicismo legal que permite a Isis Cuéllar continuar percibiendo su salario íntegro como congresista pese a estar ausente desde julio por el escándalo del «cheque video»: la diputada investigada nunca presentó carta de renuncia formal, manteniendo así todos sus beneficios económicos mientras el Congreso Nacional evita sesionar regularmente para no evidenciar sus faltas.
La explicación del legislador del PSH expone la arquitectura de protección mutua que opera en el Poder Legislativo, donde una diputada vinculada al presunto desvío millonario de fondos públicos para actividades partidarias mantiene privilegios completos amparada en vacíos procedimentales que nadie en el oficialismo tiene interés en cerrar.
«En el pleno no ha habido una carta de renuncia que pueda justificar el no pago de su salario, en lo personal, debería estar cumpliendo y estar en el Congreso y someterse a las investigaciones», declaró Ramírez, estableciendo una posición que contrasta con la permisividad del liderazgo parlamentario que otorgó a Cuéllar una licencia indefinida sin consecuencias económicas.
El congresista reveló además un dato crucial que evidencia la complicidad institucional: el Congreso Nacional ha sesionado apenas una vez desde que estalló el escándalo en julio, estrategia que permite a Cuéllar mantener la ficción de estar con «permiso» sin acumular ausencias formales que podrían justificar acciones disciplinarias o descuentos salariales.
Esta parálisis legislativa conveniente protege no solo a Cuéllar sino al gobierno de Xiomara Castro, evitando debates públicos sobre el escándalo que sacudió a la administración cuando se filtró el video donde la diputada y el entonces ministro José Carlos Cardona discutían abiertamente el manejo de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social para fortalecer la estructura política de Libre en Copán.
El contraste con Cardona resulta ilustrativo de las jerarquías de impunidad. Mientras el exministro debió renunciar inmediatamente tras la exposición pública del video, Cuéllar mantiene su investidura parlamentaria y salario completo, sugiriendo que el fuero legislativo ofrece protecciones que trascienden lo constitucional para convertirse en blindaje ante escándalos de corrupción.
Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso, había confirmado el viernes que Cuéllar «sigue siendo diputada» y continúa en planilla porque «no hay acción legal» en su contra, estableciendo un estándar donde la ausencia de condena formal justifica el mantenimiento de privilegios incluso cuando existe evidencia videográfica de presuntas irregularidades.
La revelación de Ramírez ocurre mientras el Ministerio Público mantiene un silencio ensordecedor sobre las investigaciones del caso. Han transcurrido más de cuatro meses desde la filtración del video sin que se conozcan avances sustantivos, requerimientos fiscales o citaciones a los involucrados, sugiriendo que la «investigación» sirve más como excusa para la ausencia de Cuéllar que como proceso real de esclarecimiento.
El costo para los contribuyentes hondureños es tangible. Con un salario base de 115,000 lempiras mensuales más beneficios, Cuéllar ha percibido aproximadamente medio millón de lempiras desde julio sin ejercer funciones legislativas, monto que en un país donde el salario mínimo promedio es de 11,000 lempiras representa más de 45 salarios de un trabajador común.
La estrategia de no sesionar regularmente tiene consecuencias adicionales. Además de proteger a Cuéllar, paraliza la función legislativa en momentos críticos donde se requieren decisiones sobre el presupuesto nacional, la crisis del CNE y reformas urgentes. El Congreso se ha convertido en rehén de sus propios escándalos, priorizando la protección corporativa sobre su mandato constitucional.
El caso expone la hipocresía del discurso anticorrupción gubernamental. Mientras la presidenta Castro alardea de combatir la herencia del «narcoestado», su partido protege a una diputada grabada discutiendo el presunto desvío de fondos públicos. La doble moral es evidente: cero tolerancia para la corrupción opositora, protección institucional para la propia.
La posición de Ramírez, aunque crítica, resulta limitada por la realidad parlamentaria. Sin los votos para forzar la destitución de Cuéllar o modificar reglamentos que permitan descuentos salariales por ausencias justificadas en «investigaciones», la oposición solo puede denunciar mientras el oficialismo mantiene los mecanismos de protección intactos.
El escándalo Cuéllar simboliza la continuidad de prácticas que el gobierno prometió erradicar. El uso de recursos públicos para fines partidarios, capturado en video, no genera consecuencias reales para sus protagonistas parlamentarios.
Mientras tanto, el Congreso Nacional perfecciona el arte de la inacción estratégica: no sesionar para no evidenciar ausencias, no investigar para no sancionar, no actuar para no incomodar. En esta arquitectura de impunidad mutua, el único perdedor es el pueblo hondureño que financia con sus impuestos los salarios de quienes traicionan la confianza pública sin consecuencias.
