Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó una serie de reformas este miércoles, centradas en las leyes orgánicas de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional, con un enfoque particular en la prevención de la tortura.
Entre las reformas aprobadas se encuentra la adición del artículo 95ª, el cual establece que los organismos que conforman el Sistema de Educación Policial deberán impartir cursos y capacitaciones dirigidos a los miembros de la carrera policial.
El objetivo de esta medida es garantizar que los agentes policiales estén familiarizados con las disposiciones de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Además, se incluye la modificación del artículo 116ª de la Ley de la Carrera Policial para permitir que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Comité Nacional para la Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puedan acceder, previa solicitud, al registro de detenidos de la Policía Nacional.
Otra reforma importante es la modificación del artículo 8 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el fin de garantizar una representación continua de la sociedad civil en este mecanismo.
Esto incluye situaciones en las que no se haya realizado oportunamente la elección de un nuevo representante en asamblea, asegurando así la participación activa y sostenida de la sociedad civil en la prevención de la tortura.
Además de estas reformas, el decreto también contempla la implementación de programas de formación permanente y obligatoria para todos los servidores públicos, especialmente para los miembros de los cuerpos de seguridad, el personal penitenciario y las Fuerzas Armadas.
Para garantizar la efectividad de estas medidas, se establece la obligación para la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) de registrar y mantener estadísticas actualizadas sobre el número de participantes en los programas de formación, desglosadas por institución, rango, género y otros indicadores relevantes.
Por último, se crea la Mesa Interinstitucional de Seguimiento de Compromisos y Recomendaciones en Materia de Tortura, la cual tendrá como objetivo diseñar y ejecutar estrategias para identificar prioridades y dar seguimiento a las observaciones realizadas por los mecanismos de protección de los derechos humanos.
