Tegucigalpa – En un controvertido movimiento nocturno este miércoles, la junta directiva del Congreso Nacional —liderada por Luis Redondo— aprobó a medias la Ley Especial para la CICIH, ignorando el requisito fundamental exigido por Naciones Unidas: la derogación de leyes vigentes que obstruyen la lucha anticorrupción. La medida, lejos de fortalecer la comisión, la debilita desde su nacimiento.
La presidenta Xiomara Castro prometió en su toma de posesión el 27 de enero de 2022 que la CICIH sería una realidad en los primeros 100 días de gobierno, una promesa que tras 1,239 días permanece incumplida.
El oficialismo sometió a discusión una Ley Especial para la instalación del cuerpo anticorrupción, pero evitó deliberadamente abordar las verdaderas exigencias de Naciones Unidas: la derogación de leyes vigentes que obstaculizan el funcionamiento independiente del mecanismo. Esta estrategia parlamentaria puede compararse con el concepto católico de extremaunción, sacramento que se administra a quienes se encuentran en peligro inminente de muerte para brindar consuelo espiritual en su momento final.
Este jueves se cumplen exactamente 1,239 días desde que Castro asumió la presidencia, y tras la firma del memorándum de entendimiento en diciembre de 2022, se han firmado cinco prórrogas, la última el pasado 15 de junio que extiende el plazo hasta diciembre de 2025. El canciller Efraín Bú Soto confirmó que la ONU había otorgado a Honduras la quinta ampliación del memorándum de entendimiento para la instalación de la CICIH.
El rechazo de la oposición en la Cámara Legislativa evidenció que el oficialismo pretendía hacer creer que con la aprobación de la ley se instalaría finalmente la CICIH, cuando la realidad es diferente. Actores políticos calificaron la maniobra como una trampa, argumentando que al saber que no sería aprobada, constituía la excusa perfecta para responsabilizar a la oposición del fracaso en la instalación del mecanismo.
Voces críticas del proceso legislativo
La diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, fue contundente al señalar que «la agenda anticorrupción debe responder a lo que está pidiendo Naciones Unidas, no podemos seguir con simulaciones que buscan aparentar voluntad política, pero que en realidad desfiguran los estándares internacionales».
Mena responsabilizó directamente al partido Libre: «Es culpa de Libre, de la abogada Rixi Moncada que lideró la comisión internacional para la negociación y de la presidenta, que Honduras hoy, después de tres años y medio de este gobierno, no tenga una CICIH en el país».
Su moción buscaba eliminar el segundo párrafo del proyecto y establecer un mecanismo técnico fuera de la jerarquía del Ministerio Público, advirtiendo que «si el fiscal general tiene el poder de acreditar, también tendrá el poder de quitar al acusador cuando las investigaciones incomoden al poder político».
El diputado Carlos Umaña del PSH fue igualmente crítico, afirmando que lo sucedido en el Congreso Nacional «se le colocó una lápida a la CICIH», al quitarle independencia al sistema, eliminar el financiamiento adecuado y suprimir la figura del querellante autónomo.
Críticas a la institucionalidad democrática
El diputado liberal Mauricio Villeda denunció procedimientos antidemocráticos: «El Congreso Nacional no es una dictadura de directiva, el Congreso Nacional es un lugar donde es el pleno quien toma las decisiones y no se permitió que el pleno tomará la decisión sobre si se acepta o no las mociones».
Antonio Rivera Callejas del Partido Nacional fue directo en su diagnóstico: «Si han tenido tres años y medio y no ha venido la CICIH es por culpa de ellos, no es por culpa de la ONU, es por culpa del Gobierno».
La perspectiva de la sociedad civil
La activista de Articulación Ciudadana, Gabriela Blen, desmintió categóricamente la narrativa oficialista sobre el proyecto legislativo promovido por Xiomara Hortensia Zelaya, conocida como «Pichu» Zelaya. «Es falso que el proyecto de Pichu Zelaya va a traer la CICIH. Fue presentado al margen de las negociaciones con Naciones Unidas y no responde a los compromisos asumidos por el Gobierno de Xiomara Castro», declaró Blen.
La activista detalló que según el diagnóstico realizado por el equipo de expertos enviado por la ONU y contenido en el Memorándum de Entendimiento firmado por Castro, existen reformas clave que el Estado debe cumplir para garantizar la llegada de un mecanismo internacional anticorrupción verdaderamente independiente.
Entre las reformas pendientes se encuentran: la reforma al Código Procesal Penal para incluir la figura del querellante autónomo, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional para eliminar la inmunidad parlamentaria, la solicitud de interpretación del concepto de «más altos funcionarios» y la reforma al artículo 28 de la Ley de Municipalidades sobre responsabilidades de regidores y alcaldes.
El fracaso legislativo del miércoles no solo representa el colapso de una promesa electoral central del gobierno de Castro, sino que evidencia la ausencia de voluntad política real para enfrentar la corrupción estructural que ha caracterizado al país durante décadas.
La CICIH, que inicialmente simbolizó esperanza para millones de hondureños, se desvanece entre maniobras políticas y estrategias parlamentarias que priorizan el cálculo electoral sobre el combate efectivo a la impunidad.
