Tegucigalpa, Honduras.— El Congreso Nacional, reunido en sesión extraordinaria este martes en un hotel capitalino, improbó por mayoría la prórroga del estado de excepción parcial que el Ejecutivo había extendido por vigésima quinta vez sin autorización legislativa.
Con 71 diputados presentes, el pleno acogió el informe de una comisión especial legislativa y, tras un análisis técnico y constitucional, determinó que la medida —en vigor desde el 6 de diciembre de 2022— carece de sustento legal por no haber sido sometida a debate ni aprobación del Legislativo, como exige la Constitución de la República.
La diputada Maribel Espinoza (Partido Liberal), quien fungió como secretaria de la sesión junto a Fátima Mena (PSH) y Merary Díaz, fue una de las voces más contundentes: “Cuando los gobernantes no respetan la ley, se genera un círculo vicioso de inestabilidad, se pierde el Estado de Derecho y se deja al país sin futuro”.
Espinoza acusó al partido Libertad y Refundación (Libre) de “quebrantar diariamente la Constitución” y citó informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que advierten que el estado de excepción debe ser excepcional, temporal y limitado, no una política permanente de seguridad.
“Reforzar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales bajo esta figura no es solución, sino una amenaza a los derechos humanos”, subrayó. Por ello, propuso y logró la improbación formal de todas las extensiones del estado de excepción que no contaron con aval del Congreso.
Además, advirtió que cualquier empleado público —incluidos agentes de la Policía Nacional, DNII, Fuerzas Armadas o PMOP— que continúe aplicando la medida tras esta resolución incurrirá en responsabilidad criminal.
La legisladora exhortó al Poder Ejecutivo a diseñar una política nacional de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, y solicitó que se notifique de inmediato a la ONU y la CIDH sobre la terminación del estado de excepción.
Por su parte, la diputada Ligia Ramos (PSH) criticó la falta de compromiso de otros congresistas: “Mientras el país vive en incertidumbre, hay quienes están más preocupados por partidos de fútbol o campañas políticas”.
Finalmente, María Antonieta Mejía (Partido Nacional) ratificó la derogación total de la medida, calificándola como una violación sistemática de los derechos fundamentales, y llamó a los ciudadanos a denunciar ante el Ministerio Público cualquier detención realizada bajo el estado de excepción a partir de ahora.
Con esta decisión, el Congreso reafirma su rol como contrapeso institucional y envía un mensaje claro: ninguna medida de emergencia puede operar al margen de la Constitución ni sin control democrático.
