Tegucigalpa – El Congreso Nacional de Honduras aprobó anoche reformas sustanciales a los artículos 36 y 44 de la Ley de Tarjetas de Crédito, cambios que beneficiarán directamente a los tarjetahabientes al reducir significativamente el monto de intereses pagados sobre sus deudas.
La modificación más relevante establece que los pagos realizados por los usuarios, sean inferiores, iguales o superiores al saldo total del último estado de cuenta, deberán aplicarse prioritariamente a los cargos más antiguos, independientemente del estado de cuenta al que correspondan.
Esta medida contrasta con el sistema anterior donde los pagos se aplicaban a los saldos más recientes, permitiendo que los más antiguos continuaran generando intereses.
Según el artículo 36 reformado, «cuando el saldo total, conformado por el inicial adeudado más las compras, retiros y otros cargos detallados en el último estado de cuenta, sean totalmente cancelados entre la fecha de corte y la fecha de vencimiento de pago establecida en el mismo, no se deben generar intereses a cargo del tarjetahabiente».
Un aspecto clave de la reforma determina que los intereses deberán calcularse únicamente sobre el saldo de capital no cancelado, tomando como referencia la fecha de cada transacción no pagada, hasta la fecha en que se cancele lo adeudado o la fecha de corte siguiente, lo que ocurra primero.
Además, establece que el saldo de capital sobre el cual ya se haya pagado interés debe considerarse como un cargo nuevo en la fecha de corte donde se calcularon y aplicaron los intereses respectivos, limitando así el cobro de intereses acumulados.
Por otra parte, la reforma al artículo 44 enfatiza la responsabilidad de los establecimientos comerciales afiliados de identificar adecuadamente al tarjetahabiente y obtener su firma al momento de realizar transacciones con tarjetas de crédito. Asimismo, obliga a las sociedades emisoras a incluir estas disposiciones en sus contratos con los afiliados comerciales para garantizar su cumplimiento.
Estas modificaciones representan un avance significativo en la protección de los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito en Honduras, facilitando el pago de sus deudas y evitando la acumulación excesiva de intereses que tradicionalmente ha dificultado el saneamiento de las finanzas personales.
