Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional de Honduras continúa atrapado en una parálisis crónica que, según analistas y parlamentarios de oposición, ha sido la norma durante los más de tres años de la presidencia de Luis Redondo.
Lejos de la renovación prometida, la administración del partido Libre es acusada de replicar y aumentar las viejas prácticas de condicionamiento y chantaje político.
El epicentro del conflicto actual es la controversial Ley de Justicia Tributaria. El oficialismo, liderado por el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, ha adoptado una postura de «todo o nada», advirtiendo que la ley debe aprobarse en su totalidad, sin desglosar sus componentes.
Esta postura choca con la del sector privado (Cohep), que asegura que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya no exige la aprobación de toda la ley para la revisión del acuerdo con Honduras.
En un comunicado reciente, el FMI confirmó que su personal se encuentra en el país para la revisión del programa, y aunque no mencionó directamente la ley, sí reiteró la necesidad de «crear mayor espacio fiscal para inversión pública y gasto social, así como avanzar en la reducción de exoneraciones fiscales».
La «Extorsión legislativa»
La parálisis se agrava por otras exigencias del oficialismo. La aprobación de préstamos millonarios se ha convertido en moneda de cambio para liberar el presupuesto de la Unidad de Fiscalización de la Política Limpia (UFTF). El comisionado Emilio Hércules recordó que la UFTF solicitó 81 millones de lempiras desde junio para auditar los más de 1,500 millones de lempiras que se mueven en la campaña electoral, pero los fondos siguen retenidos por la falta de acuerdos.
César Espinal, del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), calificó la situación como una «extorsión legislativa», describiendo al Congreso como un «mercado de voluntades» donde el clientelismo y el enriquecimiento ilícito se reproducen sin control.
Baja productividad y gastos elevados
Esta parálisis contrasta con los altos costos operativos del legislativo. Un informe del CNA revela que en 2024, de 391 proyectos presentados, solo 126 fueron aprobados, una efectividad de apenas el 32%.
Mientras tanto, la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) denunció que desde 2022, el Congreso ha destinado 613.6 millones de lempiras en subvenciones ejecutadas por los diputados en total opacidad, sin que se conozca su destino o liquidación.
Todos en «Modo Campaña»
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los diputados parecen más enfocados en su reelección que en legislar. La oposición, aunque señala la «extorsión» de Libre, es acusada de no buscar soluciones y de sentirse cómoda con las «vacaciones pagadas» que les permiten hacer proselitismo sin interrupciones. Esto se evidencia en la falta de convocatorias a sesión o en su cancelación a última hora.
La conclusión, según analistas, es clara: Libre prometió un Congreso diferente, pero las dinámicas de condicionamiento y parálisis no solo persisten, sino que se han intensificado, dejando a la transparencia y la confianza ciudadana como las principales víctimas.
