Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional recibió una segunda propuesta de amnistía política en menos de una semana, esta vez presentada por Defensores de Honduras que busca beneficiar a personas investigadas, procesadas o condenadas en casos de naturaleza política donde existan «pruebas no confiables» y presencia de duda razonable, ampliando alcance de figura jurídica que ya contempla exonerar a militares acusados por crímenes del golpe de 2009.
El coordinador general de Defensores de Honduras, el general en retiro Mario Hung Pacheco, entregó a los diputados Kilvett Zabdiel Bertrand del Partido Nacional y Luz Ernestina Mejía del Partido Liberal el proyecto de ley denominado «Amnistía Política por Persecución y Judicialización de Acciones sin Respaldo Jurídico», fundamentando la iniciativa en que la Constitución reconoce como principios esenciales la convivencia pacífica y reconciliación nacional.
La propuesta llega días después de que un grupo de abogados remitiera al Legislativo proyecto que favorecería a tres generales en retiro —Romeo Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto— acusados de asesinato y tentativa de asesinato por la muerte de Isis Obed Murillo durante protestas de 2009, evidenciando presión coordinada para utilizar amnistías como mecanismo de impunidad política.
El artículo 205, numeral 16, de la Constitución faculta al Soberano Congreso a conceder amnistías por delitos políticos y comunes conexos, atribución que Hung Pacheco invocó al señalar que «es un imperativo categórico e impostergable» que Honduras implemente políticas para convencer a habitantes de que la justicia se impartirá «sin prejuicios ni abusos».
El objetivo principal de la iniciativa es conceder amnistía general e incondicional a personas investigadas, procesadas o incluso condenadas —pero con recursos de casación pendientes— en casos de naturaleza política especialmente cuando existan indicios de motivación ideológica, pruebas no confiables y presencia de duda razonable o prueba insuficiente.
La amplitud del criterio de «pruebas no confiables» genera controversia considerando que la directora del CNA Gabriela Castellanos había denunciado que en Honduras la corrupción opera como «sistema de autoprotección» donde aplicación de justicia se condiciona por «cálculos ajenos al interés público», advirtiendo sobre «arreglos tácitos» que permiten consecuencias penales negociables.
El diputado Kilvett Bertrand manifestó que se comprometía a estudiar el proyecto y socializarlo con sus homólogos en el Legislativo como iniciativa proveniente de la sociedad civil, afirmando que «no se trata únicamente de otorgar amnistía, sino de garantizar que exista justicia sin abusos», aunque no especificó criterios objetivos para distinguir persecución política de enjuiciamiento legítimo.
La entrega oficial de la propuesta se realizó en el marco de la ceremonia de reconocimientos por la defensa de la democracia organizada por Defensores de Honduras, donde se distinguió a diversos sectores de la sociedad por su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho, paradoja considerando que amnistías indiscriminadas históricamente han erosionado rendición de cuentas.
La multiplicación de proyectos de amnistía llega en momento cuando el diputado Rashid Mejía exigió juicio político contra el Fiscal General Johel Zelaya advirtiendo que «sin juicio político estos 4 años no habrá justicia», mientras el legislador de Libre Mario Portillo amenazó con «conflicto social» y movilización de militancia a las calles si prosperan procesos contra funcionarios oficialistas.
El procurador Dagoberto Aspra había informado que el Estado enfrenta impacto financiero de 1,900 millones de lempiras en demandas laborales perdidas por despidos irregulares, contexto donde amnistías políticas podrían interpretarse como mecanismo para evitar responsabilidades administrativas y penales derivadas de gestiones públicas cuestionadas por corrupción e ineficiencia.
La Policía Nacional recientemente retiró al general Romeo Vásquez de la lista de más buscados donde ofrecía 35 millones de lempiras de recompensa, movimiento que su hijo Jesús Vásquez interpretó como señal positiva revelando que su padre «bajó de la montaña» y podría entregarse si retiran orden de captura, evidenciando negociaciones extralegales paralelas a procesos de amnistía.
Honduras cayó a la posición 157 de 182 países en el Índice de Percepción de Corrupción 2025 elaborado por Transparencia Internacional, siendo el peor desempeño en Latinoamérica solo por encima de Venezuela, Nicaragua y Haití, mientras ASJ advierte que «sin reformas profundas la impunidad seguirá siendo la norma» drenando recursos públicos que deberían invertirse en servicios esenciales.
