Tegucigalpa, Honduras.— La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció este viernes la existencia de una persecución política sistemática contra ella y su colega Ana Paola Hall, alertando que «utilizan el poder contra nosotras» en un contexto donde sectores políticos promueven abiertamente la conformación de un gobierno de transición y la convocatoria a nuevas elecciones fuera del marco constitucional.
López reveló un incidente de particular gravedad ocurrido durante la noche del jueves, cuando efectivos policiales detuvieron sin motivo aparente un vehículo de su propiedad, obligando a los ocupantes a descender y sometiéndolos a un registro exhaustivo que incluyó hasta los alimentos que transportaban, en lo que la funcionaria interpretó como una operación de intimidación dirigida específicamente contra su persona.
La consejera expresó su preocupación por el operativo policial, cuestionando si las autoridades «esperaban que yo estuviese ahí», y calificó como «curioso que eso suceda en este contexto tan grave», sugiriendo que el incidente forma parte de una estrategia coordinada para presionar a los miembros del CNE que mantienen posiciones independientes en el proceso electoral.
A través de su cuenta en la red social X, López advirtió que «las personas que delinquen usan el poder» contra las consejeras mientras promueven narrativas de gobierno de transición, alertando a la ciudadanía que si continúan «enfocándose solo de sus propios resultados» sin prestar atención a estas maniobras antidemocráticas, «se nos acaba el país y la democracia».
La denuncia de persecución política surge mientras el CNE avanza en los procedimientos técnicos para iniciar el escrutinio especial, habiendo aprobado el protocolo correspondiente, el recibimiento de acreditaciones de miembros de juntas especiales receptoras de votos, la emisión de credenciales, capacitación del personal y la conclusión de la verificación visual con autorización para corrección de errores de transcripción.
López criticó duramente el comportamiento de partidos políticos que, en lugar de concentrarse en el proceso electoral, se enfocan prematuramente en «la conformación de directivas de Congreso Nacional, repartiéndose Secretarías de Estado y pendientes únicamente de sus votos», evidenciando una mentalidad que prioriza el reparto de poder sobre la legitimidad democrática.
La consejera enfatizó que «Honduras merece resultados y alternancia pacífica de poder», posicionándose como defensora de la institucionalidad democrática frente a sectores que buscan alterar el orden constitucional mediante presiones extralegales y la promoción de soluciones autoritarias a la crisis electoral.
La denuncia de López adquiere dimensiones preocupantes al revelar el uso del aparato estatal para intimidar a funcionarios electorales, lo que constituiría una violación grave de la independencia institucional y una amenaza directa al Estado de derecho en un momento crítico para la democracia hondureña.
El incidente policial reportado por López sugiere una escalada en las presiones contra el CNE, donde la utilización de fuerzas de seguridad para operaciones de intimidación evidencia el nivel de polarización y la disposición de ciertos sectores a emplear métodos autoritarios para influir en las decisiones del organismo electoral.
La advertencia sobre el riesgo para la democracia hondureña refleja la percepción de López sobre la gravedad de la crisis institucional, donde la combinación de presiones políticas, operaciones de intimidación y la promoción de soluciones extraconstitucionales amenaza con desestabilizar el sistema democrático del país centroamericano.
