Tegucigalpa, Honduras. – La tensión entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las fuerzas de seguridad del Estado escaló este martes cuando la consejera Cossette López denunció públicamente lo que calificó como presencia «irregular» de efectivos policiales y militares en las instalaciones del organismo electoral, a apenas dos meses de las elecciones generales.
«No se puede trabajar en un ambiente de incertidumbre. En el Consejo Nacional Electoral no son las fuerzas del orden las que mandan ni gobiernan. Aquí tenemos seguridad interna y un pleno de consejeros», manifestó López, quien acusó a los uniformados de operar sin la debida autorización ni coordinación con las máximas autoridades electorales.
Según la funcionaria, estos despliegues se han justificado bajo el argumento de supuestas alertas de bombas, pero sin presentar documentación formal ni explicaciones claras sobre la naturaleza de las amenazas. Más preocupante aún, López reveló que se les ha expresado la intención de instalar de manera permanente una unidad antibombas dentro de la sede del organismo.
La situación ha generado un clima laboral hostil, donde empleados han sido sometidos a retenciones y registros al ingresar a sus puestos de trabajo, mientras el personal de seguridad interna del CNE desconoce los motivos y autorizaciones que respaldan estos procedimientos, según detalló la consejera.
Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, ofreció una versión distinta, explicando que la intervención tuvo su origen en una alerta recibida el 22 de septiembre sobre un posible artefacto explosivo en las cercanías del CNE, específicamente en el barrio San Felipe.
«Se procedió a atender para desvirtuar cualquier situación y verificar si alguna edificación del CNE corría peligro», argumentó el alto mando militar, quien confirmó que si bien no se hallaron explosivos en las instalaciones, por «razones de seguridad» se determinó establecer permanentemente un operativo canino en cada una de las sedes del ente electoral.
Este incidente representa un nuevo capítulo en la ya complicada relación entre el órgano electoral y las instituciones de seguridad del Estado, justo cuando el país se encuentra en la recta final de los preparativos para los comicios generales de noviembre, generando preocupaciones sobre la autonomía del CNE en un momento crítico del calendario electoral.
