San José, Costa Rica.— La prohibición no frena el consumo; solo lo empuja a la sombra. Un estudio de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) confirma que el consumo de cannabis mantiene una tendencia en aumento en Costa Rica, mientras el 73.7% de los decomisos policiales de marihuana durante los últimos siete años corresponden a cantidades mínimas destinadas al uso personal, una realidad que cuestiona la eficacia de las políticas prohibicionistas.
La investigación, fundamento del actual debate legislativo sobre el Proyecto de Ley Expediente 23.383 presentado en 2022, detalla que entre 2015 y 2022 el consumo de cannabis en la población costarricense creció un 2.2%. El 19.9% de la población ha probado cannabis alguna vez y el 4.4% lo hizo en el último mes, cifras que reflejan un patrón de incremento sostenido en un contexto legal donde el cultivo y consumo siguen restringidos.
El documento, elaborado por el investigador Roberto Salas Sánchez, profesor de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, señala que la mayoría de los decomisos corresponde a cantidades entre 0.01 y 1 gramo. «La criminalización afecta principalmente a personas consumidoras, mientras que el mercado ilegal sigue activo y en crecimiento», afirma el estudio, al destacar que las acciones policiales se centran en usuarios de pequeñas cantidades en lugar de atacar el tráfico a gran escala.
Opinión pública dividida: rechazo recreativo, apertura médica
A pesar del aumento en el consumo, el 74.9% de la población costarricense se opone a la legalización total del cannabis para fines recreativos. Sin embargo, la aceptación aumenta significativamente en los usos médicos, con un 64.3%, y científicos, con un 61.1%, según encuestas recientes de la UNED.
La propuesta presentada en octubre de 2022 por el gobierno, denominada Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo, activó una discusión en la Asamblea Legislativa que enfrenta resistencia por dudas sobre su legalidad y el posible impacto social.
Karen Jiménez Morales, encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, afirmó que «es fundamental promover un debate nacional informado, sustentado en evidencia científica y alejado de estereotipos», incorporando el análisis de experiencias de países que han regulado el consumo de marihuana.
Salud pública: alcohol lidera problemas de adicción
En 2023, las ONG autorizadas por el IAFA atendieron a 2,705 personas por consumo problemático de sustancias. De ellas, solo el 9.6% reportó problemas vinculados al cannabis, frente a un 45% asociado al consumo de alcohol, según cifras recopiladas por la UNED. Un dato que relativiza la percepción de riesgo asociada exclusivamente a la marihuana.
El sistema de emergencias 911 registró más de 2,000 llamadas mensuales relacionadas con incidentes de drogas, lo que equivale a un promedio de 74 reportes diarios. La mayoría corresponde a presencia o consumo de drogas ilegales en un entorno de alta represión en materia de seguridad.
En los colegios, la Encuesta Nacional en población de secundaria (2021) muestra una incidencia anual de consumo de cannabis del 2.9%, con mayor prevalencia en hombres y en estudiantes de los grados superiores, alcanzando un 8.8% en duodécimo año.
Hacia un enfoque de reducción de daños
Estos datos sustentan, según la UNED, la posición de que el consumo es un fenómeno estructural y que las políticas actuales no han conseguido limitar ni el acceso ni la expansión de la sustancia. El informe sostiene que se requieren nuevas políticas públicas basadas en la salud y los derechos humanos, reorientando la estrategia hacia modelos enfocados en la reducción de riesgos.
Jiménez Morales resalta que la regulación del cannabis podría generar ingresos fiscales dirigidos al fortalecimiento de la atención de adicciones, la salud pública y la prevención del crimen organizado. También advierte que, aunque la regulación puede reducir riesgos ligados a sustancias como el fentanilo, no elimina el tráfico de otras drogas ni asegura una baja significativa en la violencia.
La UNED concluye, en palabras de Salas Sánchez, que «el consumo de cannabis es una realidad creciente» en Costa Rica y que se necesita un enfoque de reducción de daños desde la salud pública y los derechos humanos.
Para los legisladores, el desafío es diseñar una normativa que equilibre control y prevención; para la ciudadanía, la expectativa es que el debate se conduzca con evidencia, no con prejuicios.
Mientras la Asamblea Legislativa avanza en la discusión del proyecto y se monitorean las tendencias de consumo, el mensaje que queda en el aire es claro: las políticas de drogas deben evaluarse por sus resultados, no por sus intenciones. Porque al final, más allá de los gramos decomisados y las encuestas de opinión, lo que importa es que Costa Rica construya una estrategia que proteja la salud, reduzca el daño social y responda con inteligencia a una realidad que, prohibida o no, ya está presente.
