San José, Costa Rica. – Las investigaciones judiciales en Costa Rica revelan que el contrabando de mercancías ya genera un impacto económico mayor que el narcotráfico, con 293 expedientes activos en marzo de 2026 distribuidos entre fiscalías y juzgados penales.
Según un detallado informe publicado por el periódico La Nación, este ilícito mueve al menos ₡1 billón anuales (más de 2,193 millones de dólares), equivalente al 2.6% del Producto Interno Bruto del país.
El contrabando abarca productos como licores, cigarrillos, medicamentos y artículos falsificados. De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio, el 44.9% de los cigarrillos consumidos en Costa Rica son ilegales. Tres de las seis marcas más vendidas —Gold City, Silver Elephant e Indigo— provienen del mercado ilícito y representan el 86.4% de ese segmento.
Ricardo Carvajal, director del Observatorio de Comercio Ilícito, advirtió que las redes criminales han diversificado sus operaciones hacia estos productos, causando graves daños tanto al comercio formal como a la sociedad en general.
Principales hallazgos:
- El contrabando utiliza rutas terrestres (especialmente desde la Zona Libre de Colón en Panamá), aduanas oficiales con declaraciones falsas y, cada vez más, el comercio electrónico.
- En lo que va de 2026, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos ha abierto 20 nuevos expedientes y mantiene 73 investigaciones vigentes.
- A pesar de que la ley contempla penas de hasta 15 años de prisión para el contrabando agravado, la mayoría de los casos se resuelven con conmutación de penas, servicio comunitario o monitoreo electrónico.
Las autoridades y el sector empresarial coinciden en que el contrabando dejó de ser una actividad marginal para convertirse en una pieza clave de las operaciones del crimen organizado, debido a su alta rentabilidad y bajo riesgo penal.
Expertos llaman a las autoridades a dar mayor prioridad a la lucha contra este flagelo, modernizando los sistemas aduaneros y fortaleciendo los controles, ya que su crecimiento no solo afecta la economía, sino que también debilita la capacidad del Estado para enfrentar la violencia y otras formas de criminalidad.
