Tegucigalpa, Honduras.— El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, declaró categóricamente que «no van a negociar puestos de diputados electos a cambio de la Presidencia de la República», desautorizando cualquier acuerdo político que comprometa las curules conquistadas por la organización liberal en los comicios generales.
El también alcalde reelecto de San Pedro Sula reiteró que «ningún miembro del Partido Liberal está autorizado para negociar con dirigentes del Partido Nacional o de Libertad y Refundación», estableciendo una línea roja que busca evitar transacciones políticas que debiliten la posición institucional del liberalismo hondureño tras los resultados electorales del 30 de noviembre.
Contreras se deslindó del proceso de selección de representantes liberales para el escrutinio especial, explicando que «ese proceso lo realizó la campaña del ingeniero Salvador Nasralla y que el CCEPL nada tuvo que ver», evidenciando tensiones entre la estructura partidaria tradicional y el equipo de campaña del candidato presidencial liberal.
El dirigente liberal denunció que «personalmente propuso a 40 personas para que integraran las mesas de escrutinio especial, pero ninguna fue tomada en cuenta», cuestionando los criterios utilizados por la campaña de Nasralla para designar a los representantes que participarán en el proceso definitivo que determinará oficialmente al próximo presidente de Honduras.
Contreras señaló que «las personas que propuso la campaña de Nasralla no tienen el entrenamiento adecuado para el manejo de mesas», expresando preocupación por la capacidad técnica de los representantes liberales para defender los intereses partidarios durante el escrutinio especial de más de 2,700 actas que podría durar hasta ocho días según estimaciones del CNE.
El presidente del CCEPL afirmó que «recibió el listado completo y que los están filtrando para determinar si están dentro del censo del Partido Liberal, ya que se ha denunciado que serían personas que tienen intereses de otros partidos», sugiriendo posible infiltración de elementos ajenos al liberalismo en el proceso de representación electoral.
«Queremos que sean militantes del Partido Liberal, y no del Partido Nacional o de Libre», apuntó Contreras, estableciendo criterios de militancia partidaria para validar la legitimidad de quienes representarán los intereses liberales en el escrutinio definitivo que podría alterar los resultados preliminares que favorecen a Nasry Asfura con 40.52% frente al 39.20% de Salvador Nasralla.
Contreras anunció que «se hará presente en Tegucigalpa este lunes para estar presente en las diligencias que hace el Partido Liberal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE)», explicando que no pudo hacerlo antes porque «su esposa tenía quebrantos de salud», justificando su ausencia previa de la capital durante momentos críticos del proceso electoral.
El dirigente liberal concluyó con una declaración de fortaleza institucional al afirmar que «no tenemos nada que pedirle a Libre si tenemos todas las actas con nosotros», sugiriendo que el Partido Liberal cuenta con documentación electoral suficiente para defender sus posiciones sin necesidad de negociaciones políticas con la organización de gobierno.
Las declaraciones de Contreras se producen mientras Salvador Nasralla mantiene denuncias sobre supuesto robo en el almacén de urnas y su abogada Karla Romero impugna 6,663 juntas receptoras de votos por inconsistencias biométricas, creando un escenario donde la estructura partidaria tradicional busca mantener control sobre las estrategias legales y la representación institucional del liberalismo.
La prohibición de negociaciones establecida por Contreras contrasta con especulaciones sobre posibles acuerdos políticos que podrían surgir si el escrutinio especial confirma una segunda vuelta o si las impugnaciones generan escenarios de incertidumbre que requieran consensos entre las fuerzas políticas para garantizar la gobernabilidad democrática del país.
La tensión entre el CCEPL y la campaña de Nasralla evidencia fracturas internas en el liberalismo sobre el manejo del proceso post-electoral, mientras el partido busca maximizar su influencia legislativa con las diputaciones conquistadas sin comprometer su posición en eventuales negociaciones sobre la transición presidencial que debe completarse el 27 de enero de 2026.
