Tegucigalpa, Honduras.— El partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), a través de su candidata presidencial Rixi Moncada, está desplegando una estrategia de permanencia en el poder que va más allá de la competencia electoral tradicional.
En lugar de centrarse únicamente en conquistar el voto ciudadano, su campaña ha priorizado ataques al sector empresarial, la captura de instituciones electorales y el cortejo a las Fuerzas Armadas como pilar de su eventual triunfo.
Moncada ha insistido en las últimas semanas en una narrativa que busca “democratizar la economía”, pero que en la práctica divide a las pequeñas y medianas empresas de las grandes corporaciones, a las que acusa de concentrar el poder económico del país.
Este discurso, con tintes de confrontación de clase, busca movilizar a su base electoral, pero también genera incertidumbre en un sector clave para la estabilidad económica.
Paralelamente, Libre ha intensificado sus esfuerzos por neutralizar la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
A través de sus representantes, el partido ha acusado penalmente a consejeros y magistrados ante el Ministerio Público y ha boicoteado sesiones clave para invalidar decisiones que no favorezcan sus intereses.
Este domingo, se denunció que en varias localidades del país, delegados de Libre se negaron a recibir las maletas electorales despachadas desde Tegucigalpa, impidiendo su descarga y poniendo en riesgo la logística de la jornada electoral. Esta maniobra sugiere un intento de generar caos o justificar futuras impugnaciones, dependiendo del resultado.
Además, Moncada ha colocado a las Fuerzas Armadas en el centro de su estrategia. Durante su cierre de campaña en San Pedro Sula, lanzó un mensaje directo a la comunidad internacional —incluyendo a la OEA, la Unión Europea y el Congreso de EE. UU.—: “Hoy Honduras tiene unas FFAA no golpistas, demócratas y respetuosas de la Constitución”.
Sin embargo, múltiples denuncias —incluyendo las de consejeras del CNE— señalan una intromisión creciente de militares en funciones electorales, como el control de recintos de custodia, el acceso no autorizado a áreas restringidas y la presencia dentro de depósitos de material electoral, lo que contradice el rol constitucional de una institución supuestamente apolítica.
La apuesta de Libre parece clara: garantizar su permanencia en el poder no solo con votos, sino con control institucional, presión militar y deslegitimación de contrapesos democráticos.
Mientras, la ciudadanía se prepara para votar en una elección que, más que una disputa de propuestas, se ha convertido en un referéndum sobre el Estado de derecho en Honduras.
