Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia de Honduras está envuelta en una nueva controversia tras revelarse que su presidenta, Rebeca Raquel Obando, intervino en un proceso judicial que involucra a su exyerno, Guillermo Noriega, lo que ha sido señalado por expertos y juristas como un posible conflicto de intereses. Noriega está acusado en un caso de presunta corrupción.
Esta situación ha provocado alarma en el sector legal del país, dado que Obando se autodesignó como magistrada en la corte de apelaciones para participar en la resolución del caso.
Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, criticó la decisión de Obando, argumentando que debería haberse excusado para evitar cualquier percepción de parcialidad, especialmente por el pasado familiar con el acusado.
El caso se complicó aún más después de que el expediente de Noriega se perdiera y posteriormente se iniciara un proceso de reconstrucción sin la supervisión del Ministerio Público, lo que generó más sospechas sobre el manejo del proceso judicial.
La denuncia pública fue reforzada por Jorge Alex Cálix, precandidato del Partido Liberal, quien expresó preocupación por lo que considera un patrón de conducta en el que se favorece a familiares de figuras importantes dentro del sistema judicial del país. Cálix pidió al fiscal general, Luis Javier Santos, que investigue de manera exhaustiva el caso.
Por su parte, la Corte Suprema ha defendido la legalidad del procedimiento afirmando que la asignación de Obando como magistrada en este caso siguió los protocolos estándares y negó que ella haya tenido acceso directo al expediente de Noriega.
La participación de Obando en la apelación ha intensificado las dudas sobre la independencia del poder judicial en Honduras, en un momento donde la transparencia y la ética judicial son cruciales para la confianza pública en las instituciones legales del país.
