Tegucigalpa, Honduras.— La coordinadora del Sistema de Emergencias 911, Miroslava Cerpas, interpuso este lunes una denuncia formal ante el Ministerio Público por delitos electorales que habrían contaminado masivamente los comicios generales del pasado 30 de noviembre, revelando un panorama escalofriante de intimidación sistemática por parte del crimen organizado.
–Miroslava Cerpas presenta pruebas de coacción, amenazas de muerte a simpatizantes de Libre y robo masivo de documentos de identidad. Funcionaria revela compra-venta de votos a cambio de droga y libertades. Grupos criminales dieron 72 horas a ciudadanos para abandonar hogares. Audios y cadena de custodia respaldan denuncias divididas por departamentos.
La funcionaria reveló que entre los días 29 y 30 de noviembre el sistema de emergencias recibió 892 llamadas reportando diversos delitos electorales, un volumen de denuncias sin precedentes que evidencia la magnitud de las irregularidades que empañaron el proceso democrático.
Cerpas afirmó categóricamente que estas llamadas «ya están demostradas» y confirman que efectivamente se registraron intimidación, coacción y amenaza del crimen organizado a nivel nacional con el objetivo específico de impedir que la población ejerciera libremente su derecho al sufragio.
Las denuncias presentadas ante la Fiscalía incluyen pruebas de audio y están organizadas mediante cadena de custodia, divididas por departamentos y ciudades, lo que otorga solidez jurídica a las acusaciones contra los grupos criminales que operaron durante la jornada electoral.
Uno de los métodos más utilizados por las organizaciones delictivas fue el robo masivo de documentos nacionales de identificación, según reveló la coordinadora del 911: «Población denunciaba que grupos criminales les habían quitado su documento nacional de identificación para impedirles el ejercicio del sufragio».
Pero las tácticas de intimidación fueron mucho más allá. Cerpas denunció que ciudadanos reportaron amenazas de muerte directas contra ellos y sus familias si votaban por el partido oficialista: «Denunciaban que les amenazaban que si ejercían el sufragio a favor de Libre serían asesinados ellos y sus familiares».
En casos extremos, grupos criminales dieron plazos de 72 horas a ciudadanos para abandonar sus hogares bajo amenaza de muerte, una forma de desplazamiento forzado vinculado directamente al proceso electoral.
Quizás el hallazgo más perturbador revelado por la funcionaria es que maras y pandillas se disfrazaron de observadores electorales para vigilar por quién votaban los ciudadanos: «Incluso vestían de chalecos de observadores maras y pandillas que verificaban por quienes votaban», denunció Cerpas ante periodistas.
Esta infiltración de estructuras criminales en el aparato de observación electoral representa una violación masiva del secreto del voto, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.
La coordinadora del 911 también reveló evidencias de compra-venta de votos mediante métodos inusuales: intercambio de sufragios a cambio de droga y libertades, una modalidad que vincula directamente el narcotráfico con la manipulación del proceso electoral.
Cerpas justificó su decisión de presentar la denuncia formal argumentando que como funcionaria pública tiene el «deber de no guardar silencio» ante la información recabada por el sistema de emergencias durante los días previos y durante la jornada electoral.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público incluye la geolocalización de las llamadas, permitiendo identificar con precisión las zonas donde el crimen organizado ejerció mayor presión sobre los votantes, información crucial para futuras investigaciones judiciales.
Las 892 llamadas documentadas por el 911 representan solo la punta del iceberg, ya que muchas víctimas de intimidación probablemente no realizaron denuncias por temor a represalias de los grupos criminales que controlaban territorios específicos durante la jornada electoral.
Esta denuncia formal añade una dimensión criminal a unas elecciones ya cuestionadas por su extrema lentitud en el escrutinio, las divisiones internas del CNE, y las múltiples solicitudes de anulación y recuentos especiales presentadas por diversos actores políticos.
El hecho de que maras y pandillas hayan operado abiertamente como falsos observadores electorales plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado hondureño para garantizar elecciones libres en territorios controlados por el crimen organizado.
La presencia de audios como medios de prueba y la aplicación de cadena de custodia en el manejo de las evidencias sugiere que el Ministerio Público tendrá material suficiente para iniciar investigaciones formales que podrían derivar en procesos judiciales contra estructuras criminales y eventualmente contra funcionarios electorales cómplices.
Las denuncias de Cerpas confirman lo que organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han advertido durante años: que amplias zonas de Honduras están bajo control efectivo del crimen organizado, situación que compromete gravemente la realización de procesos electorales genuinamente democráticos.
