Tegucigalpa, Honduras. – Los «resultados humillantes» que obtuvo el partido Libertad y Refundación en las elecciones del 30 de noviembre de 2025 son consecuencia directa del debilitamiento de la lucha contra la corrupción durante la administración de Xiomara Castro, según afirmó la socióloga Julieta Castellanos.
«Yo creo que ya la lucha contra la corrupción está sumamente debilitada, muy debilitada y creo que esa es parte de la factura que le ha pasado a los electores a este partido de gobierno», sostuvo Castellanos al analizar la debacle electoral del oficialismo.
La académica vinculó este deterioro institucional con la reciente remoción del fiscal Luis Javier Santos de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), una decisión que, según su análisis, responde a la necesidad del gobierno de blindar los casos de corrupción antes del traspaso de mando a la nueva administración.
Castellanos reveló que Santos «maneja información privilegiada» al haber permanecido en esa unidad desde que llegó la MACCIH al país, lo que representa un riesgo para los intereses del gobierno saliente.
«El Ministerio Público, el Fiscal General, está consciente de esa información privilegiada y es mejor moverlo de cargo a que mantenerlo en una investigación, en una unidad que se puede activar con el cambio de gobierno», explicó.
La estrategia, según la socióloga, busca evitar que el nuevo gobierno pueda exigir investigaciones sobre los casos de corrupción de la presidenta Castro, moviendo a Santos a otro cargo antes del cambio de administración. «Esto debilita la lucha contra ese flagelo», sentenció.
Castellanos fue crítica con la gestión anticorrupción del gobierno de Castro, señalando que «en realidad a lo que se dedicó este gobierno fue a devolver los bienes incautados la Corte Suprema de Justicia, a investigar los casos del gobierno anterior, a activar casos que ya estaban investigados pero que estaban, digamos, congelados, pero no realmente a nuevas investigaciones«.
Entre los casos que quedaron sin atender, la socióloga destacó el escándalo de Koriun Inversiones, calificado como uno de los «visiblemente escandalosos donde intervino el Estado».
Sin embargo, la lista de escándalos sin resolver es extensa: el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los «narco-videos», las compras directas, el despilfarro de dinero del Congreso Nacional, la adquisición de implementos para conductores de motocicletas, entre otros.
La acumulación de estos casos sin investigar y el aparente blindaje de funcionarios gubernamentales terminó cobrando un precio político alto para Libre en las urnas, cerrando un ciclo de gobierno marcado por promesas incumplidas en materia de transparencia.
