Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolvió, tras un recurso presentado por la Fiscalía, que el coronel José Rodimiro Arita, jefe del Centro Penal de Morocelí, conocido como “La Tolva”, debe cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva.
Esta decisión revoca una resolución anterior que había permitido sustituir la prisión por medidas alternativas.
Arita enfrenta cargos relacionados con el lavado de activos y la violación de los deberes como funcionario público. Según la acusación, el militar habría permitido el ingreso de casi medio millón de lempiras al penal, dinero que supuestamente estaba destinado a pandilleros dentro del centro penitenciario.
En mayo de 2024, un tribunal de primera instancia había concedido la petición de la defensa de Arita para aplicar medidas cautelares menos restrictivas.
Sin embargo, la Fiscalía apeló esta decisión, argumentando que los delitos imputados, que incluyen fraude y falsificación de documentos, son graves y requieren un tratamiento más estricto.
Tras analizar los riesgos y la relevancia de los delitos imputados, los magistrados de la Corte de Apelaciones decidieron restablecer la prisión preventiva, destacando la necesidad de asegurar la transparencia y justicia en el proceso.
Con esta resolución, el caso será remitido nuevamente al Juzgado de Letras de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que deberá realizar una audiencia especial para notificar formalmente la medida.
El Poder Judicial reafirmó su compromiso de garantizar la correcta aplicación de las medidas judiciales en casos que involucran acusaciones graves de corrupción y lavado de activos.
