Nueva York, Estados Unidos. – En uno de los giros judiciales más inesperados de la historia política reciente de Honduras, la Corte de Apelaciones de Nueva York ordenó este miércoles al juez Kevin Castel anular la condena y acusación por narcotráfico y tráfico de armas contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien había sido sentenciado en junio de 2024 a 45 años de prisión tras un proceso que marcó un hito sin precedentes en la historia judicial centroamericana.
El propio Hernández confirmó la noticia este miércoles por la noche a través de sus redes sociales, dando gracias a Dios, al presidente Donald Trump, a su familia y amigos, con una declaración que resumió cuatro años de reclusión y espera: «Hace cuatro años me sacaron de manera oprobiosa, pero yo siempre le dije a mi familia y a mis amigos que soy inocente», afirmó el exmandatario, añadiendo que por esa convicción rechazó un arreglo con la Fiscalía y que «hoy la Corte me ha dado la razón». Su mensaje final fue tan contundente como simbólico: «Volveré con la frente en alto».
La combinación que hizo posible el fallo
El resultado que nadie anticipaba fue producto de la convergencia de dos elementos jurídicos distintos que la defensa supo articular con precisión. Por un lado, el indulto presidencial otorgado por el presidente Trump que le permitió a Hernández recuperar su libertad.
Por el otro, la apelación presentada en marzo de 2024 por su defensa, encabezada por el abogado Renato Stabille, quien señaló fallas de la Fiscalía en el proceso original.
En diciembre pasado, tras concretarse el indulto, Stabille presentó una nueva petición incorporando ambas figuras jurídicas —el indulto y la apelación— junto a la falta de confirmación formal de la sentencia, en una estrategia que encontró respaldo en dos casos previos que crearon jurisprudencia favorable y llevaron a la Corte de Apelaciones a resolver a favor del expresidente, «limpiando» así su historial en territorio estadounidense.
Las exigencias del expresidente a Honduras
Con la condena anulada en Estados Unidos, Hernández elevó inmediatamente sus demandas al sistema judicial hondureño. Pidió a la Fiscalía hondureña la devolución de los bienes incautados en su contra y exigió a los juzgados que retiren la orden de captura que pesa sobre él en el país, anunciando que se presentaría voluntariamente ante las autoridades para «enfrentar» las acusaciones que existen en su contra en Honduras, en un movimiento que podría convertirse en uno de los episodios judiciales más complejos que el sistema de justicia hondureño haya tenido que procesar en su historia reciente.
El expresidente también dirigió una petición al Gobierno de Estados Unidos: solicitó que se le conceda un visado para su familia, argumentando que su «seguridad aún es de riesgo» en Honduras, en una declaración que reconoce implícitamente que su regreso al país no estará exento de tensiones políticas y personales tras cuatro años de un proceso que dividió profundamente a la sociedad hondureña.
Hernández permaneció más de tres años recluido en una cárcel de Nueva York desde su extradición, en un caso que involucró testimonios de narcotraficantes de alto perfil, incluyendo al propio Joaquín «El Chapo» Guzmán, y que desde su inicio generó un debate sin resolver sobre la línea entre la verdad judicial y la verdad política en uno de los casos más complejos que ha producido Centroamérica en las últimas décadas.
Lo que ocurra ahora con su regreso a Honduras promete ser el próximo capítulo de una historia que, lejos de cerrarse, acaba de abrirse de nuevo desde el otro lado.
