San Francisco, California. – Una Corte de San Francisco concedió al gobierno estadounidense la apelación de cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, suspendiendo temporalmente la orden de un juez del 31 de diciembre de 2025 que mantenía vivo el programa migratorio para Honduras, Nicaragua y Nepal mientras se resuelve revisión definitiva.
El gobierno solicitó formalmente que un tribunal superior revise y revoque la decisión del juez inferior que anuló la terminación por parte del Secretario de Seguridad Nacional de las designaciones de TPS, pidiendo “congelar” la aplicación de la sentencia para evitar que se aplique inmediatamente antes de que haya sentencia final.
La Corte aceptó la solicitud, significando que temporalmente la orden del juez inicial no debe cumplirse, manteniendo el “statu quo” que en este caso representa la cancelación del TPS para los tres países mientras se resuelve la apelación definitiva en tribunal superior.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, señaló que esta es una “victoria” para el estado de derecho y una reivindicación de la Constitución estadounidense, argumentando que bajo la administración anterior se “abusó” del TPS para permitir entrada de “terroristas violentos, criminales y amenazas” a la seguridad nacional.
“El TPS nunca fue diseñado para ser permanente, pero administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas”, razonó Noem agregando que dada la “mejora” de la situación en cada país están concluyendo sabiamente con lo que pretendía ser designación temporal.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 bajo la presidencia del republicano George H.W. Bush con el que EEUU concede permisos de forma extraordinaria a inmigrantes de naciones afectadas por conflictos bélicos, desastres naturales, epidemias u otras condiciones que no hagan seguro el retorno a países de origen.
El programa fue aprobado para Honduras en 1998 como apoyo en la reconstrucción del país centroamericano por estragos causados por el huracán Mitch, entrando en vigor el 5 de enero de 1999 y renovándose periódicamente durante más de 26 años beneficiando a decenas de miles de hondureños residentes en Estados Unidos.
Sin embargo, no se trata de una resolución definitiva, por lo que el programa no se puede dar por cancelado hasta un nuevo pronunciamiento de la corte superior que resolverá la apelación, manteniendo incertidumbre para miles de beneficiarios hondureños que esperan decisión final sobre su estatus migratorio.
