Washington D.C., Estados Unidos. – La Corte Federal del Distrito de Columbia desestimó la demanda del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) contra su expresidente ejecutivo Dante Mossi, al concluir que los argumentos presentados por la institución financiera no cumplen con los estándares legales exigidos por la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).
El juez Christopher R. Cooper aceptó la moción de Mossi para rechazar el proceso en el caso No. 24-cv-2544 (CRC), resolviendo que las acusaciones fueran desestimadas sin perjuicio, lo que permite al BCIE intentar llevar sus reclamos a otra jurisdicción si lo considera pertinente.
El memorándum de opinión estableció que aunque la Corte posee jurisdicción personal sobre Mossi bajo la Regla 4(k)(2), el BCIE no logró demostrar un caso válido que justificara la aplicación de RICO en esta instancia judicial.
«La demanda no tiene remotamente los alegatos de un caso, para predicar la aplicabilidad de actos ilegales con fraudes financieros o extorsión, o un patrón de actividades de crimen organizado bajo la Ley de Hobbs», establece el documento judicial firmado por el magistrado federal.
La Corte concluyó que el BCIE no puede sostener una causa judicial en esa jurisdicción debido a la insuficiencia de alegatos bajo RICO, rechazando además todas las acusaciones no relacionadas con esta ley federal.
El fallo, catalogado como una orden final sujeta a apelación, citó precedentes como Watson v. Faris (2015), Bridges v. Lezell L., PC (2012) y Kyle v. Bedlion (2016), reafirmando que la insuficiencia de alegatos bajo RICO impide dar curso a la demanda en Washington, D.C.
La decisión judicial deja abierta la posibilidad de que el BCIE explore otras vías legales en cortes diferentes, aunque deberá fortalecer sus argumentos para cumplir con los estándares probatorios requeridos en cualquier nueva jurisdicción donde presente el caso.
El expresidente ejecutivo del BCIE logró así un fallo favorable en la primera instancia judicial donde la institución financiera intentó procesarlo, estableciendo un precedente sobre la solidez de los argumentos necesarios para sostener acusaciones de esta naturaleza en tribunales estadounidenses.
