La Corte Suprema de Gran Bretaña debatirá esta semana la legalidad de la propuesta del gobierno de enviar a Ruanda a los migrantes que han solicitado asilo.
Por AP
El gobierno conservador está apelando un fallo emitido en junio por un tribunal de apelaciones según el cual la política, que busca disuadir a los migrantes de emprender la peligrosa travesía por el Canal de la Mancha es balsas endebles, es ilegal porque el país del este de África no es un lugar seguro para enviarlos.
Se prevé que en tres días de argumentos a partir del lunes, el gobierno aseverará que su política es segura, mientras que abogados de migrantes de Vietnam, Siria, Irak, Irán y Sudán argumentarán que es ilegal e inhumana.
La audiencia ocurre en momentos en Europa y Estados Unidos lidian con un aumento de migrantes que huyen de la guerra, la violencia, la represión y las devastadoras inundaciones y sequías provocadas por el calentamiento global.
El primer ministro Rishi Sunak ha prometido “parar los botes” como máxima prioridad a fin de combatir la inmigración no autorizada. Se estima que más de 25.000 personas llegaron a Reino Unido por bote hasta el 2 de octubre, un descenso de 25% con respecto a los 33.000 que hicieron la travesía en ese mismo lapso el año pasado.
La idea de la política es frustrar a las bandas criminales que transportan a migrantes por una de las vías navieras más transitadas del mundo, al convertir a Gran Bretaña en un destino poco atractivo debido a la posibilidad de ser reencauzados a Ruanda.
Los intentos de cruzar el canal pueden ser mortales. En agosto, seis migrantes murieron y unos 50 tuvieron que ser rescatados cuando su bote naufragó tras zarpar de la costa norte de Francia. En noviembre de 2021, 27 personas murieron al naufragar su embarcación.
El gobierno insiste en que la política es una manera equitativa de lidiar con el flujo de personas que llegan sin autorización, y que Ruanda es un “tercer país” seguro —es decir, un país que no es el de origen de quienes buscan asilo.
Reino Unido y Ruanda llegaron a un acuerdo hace más de un año para enviar a los migrantes al país africano y para permitir que permanezcan allí si sus solicitudes de asilo son aprobadas.
Hasta ahora, ninguna persona ha sido enviada allí, mientras la política es debatida por los tribunales.
