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Corte Suprema de Justicia de Honduras ratifica extradición de Juan Orlando Hernández

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Tegucigalpa – El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó este lunes la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, confirmó a CNN Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.

Estados Unidos solicitó en enero a Honduras la entrega de Hernández, que enfrenta cargos relacionados con el tráfico de drogas. El exmandatario, que está recluido en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional desde el 15 de febrero, se ha declarado en varias ocasiones inocente de todos los cargos.

Insiste en que no es narcotraficante, y asegura que durante sus ocho años de gobierno ayudó a combatir este delito junto a agencias de EEUU.

Según el portavoz judicial, el fallo que emita el pleno de la Corte Suprema es inapelable y cualquiera que sea la resolución quedará en firme. Una vez que el alto tribunal se pronuncie, indicó Duarte, el juez natural a cargo de la causa deberá acatar el dictamen y emitir los escritos correspondientes a las partes para que se cumpla.

Ana García de Hernández, esposa de Orlando Hernández, publicó este lunes más temprano una carta en Twitter que, asegura, escribió el expresidente de Honduras de «su puño y letra» y en la que reiteró su inocencia. En la misiva, el expresidente de Honduras dijo ser «víctima de una venganza y una conspiración».

En la carta abierta a la nación que escribió el expresidente este domingo, según su esposa, dice que lo que él está viviendo es «una amenaza de los carteles, es una trampa orquestada para que ningún gobierno vuelva a hacerles frente» y agregó que «solo espero que se haga justicia, que se respete el derecho que nos asiste a las personas y a las naciones».

La decisión final estuvo a cargo de siete magistrados nacionalistas, siete liberales y un juez; quienes deliberaron este lunes el recurso para mantener o no la extradición de Hernández.

El portavoz judicial, Melvin Duarte, informó que el pleno resolvió declarar “no ha lugar” el recurso de apelación interpuesto por la defensa legal del exjefe de Estado.

La exprimera dama Ana García de Hernández, se respaldó bajo el Tratado de 1909 entre Honduras y Estados Unidos el cual “no permite la extradición de ciudadanos nacionales, por lo tanto, no se cumple el requisito del artículo 102 de la Constitución”.

Por su parte, la defensa de JOH adujeron que “Honduras ha extraditado personas, pero eso no quiere decir que se debe seguir cometiendo esta práctica ya que Estados Unidos se ha negado en ciertas ocasiones a extraditar a sus nacionales”.

Tras ocho años en la titularidad del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández dejaba de ser jefe de Estado a las 11:00 a.m. del 27 de enero de 2022 debido a la juramentación de la actual presidenta, Xiomara Castro.

Horas después, alrededor de las 3:00 p.m. del mismo día, el gobierno de Estados Unidos firmó la carta que solicitaba la extradición de quien también encabezó el Congreso Nacional de 2010 a 2014.

Posteriormente, el lunes 14 de febrero la Cancillería de la República de Honduras recibió a las 4:23 de la tarde el documento donde el país norteamericano pedía el formal arresto provisional con fines de extradición de Hernández.

Un día después, es decir el martes 15, se designó al juez Edwin Ortez para que conociera el caso, este fue quien giró la orden judicial que permitió a la Policía Nacional capturar al exmandatario en esa misma fecha en su vivienda localizada en la residencial Palmeras de San Ignacio, de Tegucigalpa.

Seguidamente, el miércoles 16 de febrero, quien comenzó su carrera en el Congreso Nacional en 1998 como diputado de Lempira, tuvo que presentarse a la audiencia inicial del proceso donde se le dictó detención provisional en la sede de las Fuerzas Especiales y se programó la instancia de proposición de medios de prueba para hoy.

Cabe recordar, que la Fiscalía de Estados Unidos acusa al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández Alvarado, por tres cargos relacionados con la conspiración y distribución de droga, además de portación y distribución de armas de fuego y dispositivos destructivos.

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