Tegucigalpa, Honduras. – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) con permiso temporal, Cossette López, abrió un nuevo frente de crítica contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al cuestionar su actuación durante la crisis electoral hondureña de 2025.
López señaló que el organismo regional hoy otorga atención a temas como la independencia judicial y la autonomía de las autoridades electorales, pero, según afirmó, el año pasado rechazó múltiples solicitudes de protección presentadas por hondureños en medio de la tensión electoral.
“¿Derechos humanos? ¿O derechos de algunos humanos?”, preguntó la consejera en una declaración publicada en sus redes sociales.
La funcionaria sostuvo que, durante la crisis del proceso electoral, las peticiones individuales de protección fueron denegadas “una tras otra”, pese a que, a su criterio, evidenciaban un ataque sistemático contra las instituciones.
López planteó que la CIDH debe responder no solo por sus actuaciones, sino también por sus posibles omisiones durante el ciclo electoral hondureño.
“Vale la pena analizar no solo los actos sino las omisiones de la CIDH en el ciclo electoral hondureño en protección de derechos humanos”, expresó.
La consejera pidió explicaciones sobre por qué las recomendaciones del organismo son consideradas urgentes ahora, cuando —según dijo— en 2025 no fueron atendidas solicitudes orientadas a defender el sistema democrático hondureño.
También puso en duda si las negativas de la CIDH respondieron a fallas formales en las peticiones o a un posible sesgo institucional que habría llevado al organismo a contenerse en un momento crítico.
“La verdad importa más que nunca y trascenderá las fronteras”, añadió López, al pedir una revisión crítica del papel de las instancias regionales durante los eventos electorales.
El procedimiento ante la CIDH incluye filtros formales y plazos para admitir solicitudes individuales.
Según expertos en derecho internacional, esos requisitos buscan priorizar casos con suficientes elementos probatorios o denuncias de violaciones sistemáticas.
Analistas consultados recuerdan que la actuación de la Comisión suele enfrentar críticas por sus tiempos y criterios de admisión, aunque advierten que no siempre puede concluirse que una petición rechazada implique falta de interés o sesgo.
El reclamo de López ocurre en un contexto donde organizaciones nacionales e internacionales han documentado preocupaciones sobre la independencia judicial y posibles intromisiones del Ejecutivo en Honduras, especialmente durante procesos electorales marcados por denuncias de irregularidades.
Fuentes dentro del CNE señalaron que la consejera busca presionar para que se revisen recomendaciones recientes sobre fortalecimiento institucional y medidas de protección a autoridades electorales.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos llaman a una evaluación pública y técnica de los hechos denunciados en 2025, para determinar si hubo omisiones en la protección de personas y órganos del Estado.
Hasta ahora, la CIDH no ha respondido públicamente al reclamo de López.
Su planteamiento añade tensión al debate sobre la supervisión regional de las garantías democráticas en Honduras y vuelve a colocar sobre la mesa la efectividad de los mecanismos internacionales de protección en contextos de crisis política.
