Tegucigalpa, Honduras.— Cuando la política se traslada a las redes sociales, las palabras pueden convertirse en demandas. La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, respondió este viernes a las declaraciones del expresidenciable Salvador Nasralla y anunció que procederá legalmente en su contra por las acusaciones vertidas en torno a unos audios que, según el excandidato, demostrarían un complot para realizar fraude electoral.
López advirtió que el caso será llevado a instancias judiciales, por medio de una querella: «Va a tener que mostrar esos ‘estudios de expertos’ frente a un juez y bajo juramento», escribió la funcionaria en su publicación de la red social X, en una réplica que busca trasladar el debate del terreno de la opinión al de la prueba legal.
El excandidato del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, aseguró días atrás en sus redes sociales que una serie de audios, que supuestamente incluían a López en un complot para realizar fraude electoral, son «reales y delatan al poder real en Honduras». Una afirmación que, según la consejera, carece de sustento y busca desacreditar la institucionalidad electoral.
«Los audios no planteaban una trampa»
López rechazó además la interpretación de los audios difundidos en redes sociales: «Los audios no planteaban una trampa para beneficiar al Partido Nacional. Nada de lo que anuncian en esos audios fabricados siquiera sucedió», afirmó la funcionaria, al describir como «fabricados» los materiales que Nasralla presentó como evidencia.
La consejera también denunció ataques en su contra y señaló un ambiente de alta tensión política. «Lo que este señor tiene es una gran boca, cero escrúpulos y mucha impunidad», añadió López, en una declaración que refleja el nivel de confrontación que ha caracterizado el debate postelectoral en Honduras.
«Nosotros no elegimos presidentes, solo los declaramos», puntualizó la consejera, y acusó a los sectores políticos de oposición de intentar desacreditar el proceso electoral. Una precisión que busca recordar el rol técnico del CNE en la validación de resultados, no en la definición política de los ganadores.
Para los observadores del sistema electoral, esta disputa representa un recordatorio de que la credibilidad de los órganos rectores se construye con transparencia y se defiende con leyes; para la ciudadanía, la expectativa es que cualquier acusación de fraude se resuelva mediante los canales judiciales establecidos, no mediante tuits o declaraciones públicas.
Mientras se prepara la querella y se definen los próximos pasos legales, el mensaje que queda en el aire es claro: las acusaciones graves exigen pruebas graves, y el sistema de justicia tiene la palabra para determinar si hubo delito o solo narrativa política.
