Tegucigalpa, Honduras. – La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, salió este lunes con declaraciones que van mucho más allá del proceso de juicio político que se desarrolla en el Congreso Nacional: pidió al Ministerio Público interponer un requerimiento fiscal penal contra el consejero suspendido Marlon Ochoa, argumentando que la destitución mediante juicio político es necesaria pero insuficiente para resarcir el daño causado.
«Yo creo que sí hay algunos elementos que indican que él cometió delitos; al final la justicia humana no termina por resarcir el daño psicológico y todas las situaciones que uno haya atravesado», afirmó en el noticiero Hoy Mismo.
La consejera fue contundente al describir lo que vivió durante la crisis electoral de 2025: una «estrategia de desestabilización» con el objetivo de impedir que hubiera declaratoria oficial del proceso electoral, en la que ella recibió daños personales que van desde el ámbito institucional hasta el familiar.
Reveló que personas encapuchadas las interrogaron a ella y a la consejera Ana Paola Hall, dándoles «plazos cortos para entregar documentación», mientras ambas se encontraban en fuga ante la presión que sentían sobre sus personas.
Uno de los señalamientos más explosivos de López apuntó directamente hacia el Ministerio Público: denunció que una fiscal de la Unidad de Delitos Electorales, Carmen Turcios, se reunía exclusivamente con el consejero Ochoa de manera irregular.
«Yo la vi saliendo y la vi subiéndose al ascensor cuando iba camino al salón del pleno», relató la consejera, añadiendo que las denuncias que Ochoa presentó contra ella y Hall en el Ministerio Público tenían como propósito real «tener una justificación para recusarlas» al generarles investigaciones en curso que les impidieran actuar.
López también reveló la existencia de una candidata presidencial que «suplicaba» que «por un día los metieran en la cárcel» para sentirse bien al tener línea directa con un fiscal del Ministerio Público, en una alusión sin nombre que podría ampliar el círculo de actores involucrados en la crisis electoral más allá de los funcionarios ya procesados.
La consejera fue directa al señalar por qué considera que solo miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre) son sometidos a juicio político: «Era la única institución política que intentó secuestrar las elecciones generales, quiso socavar la democracia y que no hubiera declaratoria oficial», afirmó, rechazando la narrativa de persecución política que Libre ha construido alrededor del proceso.
Agregó que si Nasry Asfura o Salvador Nasralla hubiera ganado las elecciones, Libre igualmente habría mantenido su discurso de fraude electoral.
Sobre la participación de Ochoa como instrumento del partido, López fue tajante: «Libre mediante Marlon Ochoa trató de apoderarse de las instituciones de forma ilegítima, secuestrando la voluntad popular de las consejeras», señalando además que el partido utilizó el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) para localizar a ella y a Hall mientras huían de las presiones. Tachó de «cínico» que Libre alegue que no coordinó con sus colectivos para boicotear el proceso electoral mediante protestas que buscaron impedir el funcionamiento del sistema de transmisión de resultados electorales TREP.
Respecto a la ausencia de Ochoa en las audiencias del Congreso, López dijo que «no le sorprende» porque esa ha sido su costumbre durante todo el proceso: «La costumbre de Ochoa es ausentarse de las sesiones y reuniones», afirmó, en una declaración que conecta el comportamiento del lunes con el patrón de inasistencias que según la comisión legislativa constituye uno de los fundamentos del juicio político en su contra.
