Tegucigalpa – La realidad carcelaria hondureña emerge como una crisis humanitaria silenciosa donde más de 19,400 personas privadas de libertad sobreviven en condiciones que organizaciones internacionales califican como tortura sistemática. La denuncia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) revela que el hacinamiento en ocho de cada diez centros penitenciarios del país, junto con traslados arbitrarios y condiciones inhumanas de reclusión, configuran violaciones masivas al derecho internacional de los derechos humanos.
El sistema penitenciario hondureño alberga a 19,458 personas en 25 centros con una sobrepoblación promedio del 149%, según datos del Instituto Nacional Penitenciario analizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta cifra representa un déficit de capacidad que convierte las prisiones en espacios donde la dignidad humana queda suspendida por la imposibilidad material del Estado de garantizar condiciones mínimas de reclusión.
Guadalupe Silva, coordinadora de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad del Conadeh, advirtió que el derecho internacional ha establecido que el hacinamiento carcelario puede constituir por sí mismo una forma de trato cruel, inhumano o degradante. La funcionaria subrayó que cuando el colapso de un sistema penitenciario impide materialmente ofrecer condiciones dignas, el Estado no puede seguir admitiendo internos en esos espacios sin exponerlos deliberadamente a situaciones que vulneran sus derechos fundamentales.
Los números revelan la magnitud de la catástrofe humanitaria. El penal de Puerto Lempira registra un hacinamiento del 230%, seguido por Danlí con 221%, El Porvenir con 160%, Olanchito con 159%, La Paz con 109% y La Esperanza con 87%. En algunos casos extremos como El Progreso en Yoro, la sobrepoblación alcanza el 479%, convirtiendo estos espacios en verdaderas bombas de tiempo humanitarias.
La crisis se agrava cuando se analiza la composición de la población carcelaria. Del total de personas privadas de libertad, solo el 51% cuenta con una condena, mientras que el 49% permanece en prisión preventiva sin haber sido juzgada. Esta situación viola principios fundamentales del debido proceso y convierte las cárceles en espacios de castigo anticipado para personas que legalmente mantienen su presunción de inocencia.
El Conadeh documentó durante 2024 al menos 437 quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos en centros penitenciarios, que incluyen falta de acceso a la justicia, al debido proceso legal, a la salud, torturas, tratos crueles e inhumanos. Las denuncias abarcan también retardo injustificado en resoluciones judiciales, dilaciones indebidas en tramitaciones, acciones u omisiones en medidas disciplinarias de aislamiento y amenazas de muerte contra privados de libertad.
La situación actual hunde sus raíces en décadas de negligencia estatal que han sido documentadas por organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó en 2013 graves deficiencias estructurales que incluyen la delegación del control interno de los centros a los propios reclusos, el hacinamiento, la falta de presupuesto y marco normativo adecuado. Estas deficiencias han persistido pese a tragedias como el incendio del penal de San Pedro Sula en 2004, donde más de 100 reclusos murieron calcinados en celdas sobrepobladas.
El gobierno actual ha iniciado un proceso de reorganización carcelaria que incluye la clasificación y traslado de 5,000 personas privadas de libertad a centros de máxima seguridad. Ramiro Muñoz, presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, defendió estas medidas como parte de «una política penitenciaria más humana y segura», aunque organizaciones de derechos humanos han expresado reservas sobre los métodos empleados.
El fracaso del sistema se evidencia también en los programas de reinserción social. Solo el 6% del total de la población penitenciaria con condena participó en programas de reinserción durante 2022, lo que demuestra que las prisiones funcionan únicamente como espacios de castigo y no de rehabilitación como establece la legislación nacional e internacional.
La infraestructura humana tampoco responde a las necesidades. Para atender a la población penitenciaria del país se cuenta con 1,197 miembros de personal operativo, uno por cada 16 personas privadas de libertad, y con 221 miembros del personal médico, uno por cada 88 reclusos. Estos ratios imposibilitan cualquier atención personalizada y contribuyen al deterioro de las condiciones de vida.
Aunque el Plan de Descongestionamiento de los Centros Penitenciarios ha sido implementado como herramienta para reducir el hacinamiento, Silva reconoció que esta medida no ha podido remediar por sí misma la problemática estructural. Las instituciones estatales más denunciadas ante el Conadeh por violentar los derechos de los privados de libertad son los propios centros penales, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, evidenciando que la crisis trasciende el ámbito carcelario y se extiende a todo el sistema de justicia.
En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el Conadeh reafirmó su compromiso con la protección de la dignidad humana y la erradicación absoluta de la tortura y otros tratos crueles. Sin embargo, mientras el Estado hondureño no emprenda reformas estructurales profundas que aborden las causas sistémicas del colapso carcelario, las prisiones seguirán siendo espacios donde los derechos humanos más básicos permanecen en el olvido.
