Crisis de fentanilo impulsa a EE. UU. a señalar a 23 países, incluyendo a Honduras, en su estrategia antidrogas

Tegucigalpa – El gobierno de Estados Unidos ha declarado una emergencia nacional ante el devastador impacto del fentanilo y otras drogas sintéticas. Según cifras oficiales, la crisis de opioides ha alcanzado proporciones alarmantes, con un promedio de más de 200 muertes diarias registradas en lo que va de 2024.

- La medida es parte de una amplia estrategia que busca desmantelar redes criminales transnacionales para hacer frente a una crisis de salud pública que se ha convertido en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años.

Esta situación ha convertido las sobredosis en la principal causa de muerte para los ciudadanos estadounidenses en el grupo etario de 18 a 44 años, generando una profunda crisis de salud pública.

Como parte de su respuesta integral, la administración estadounidense ha delineado una serie de acciones contundentes. Estas incluyen un mayor control fronterizo, el fortalecimiento de la cooperación con países vecinos para interceptar cargamentos, y la persecución de figuras de alto perfil en el mundo del narcotráfico.

Además, se han implementado restricciones de visas para individuos y sus familiares vinculados a estas actividades ilícitas, junto con el uso de herramientas económicas y legales para desmantelar las redes criminales transnacionales que alimentan la crisis.

En este contexto, el gobierno estadounidense publicó un listado que identifica a 23 países como «importantes países de tránsito o de producción de drogas ilícitas». La lista, emitida bajo la autoridad de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores (FRAA), incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

El documento oficial aclara que la inclusión de un país en esta lista no constituye una evaluación de sus esfuerzos antidrogas ni de su nivel de cooperación con Washington. La designación se basa en una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan la producción o el tránsito de drogas y precursores químicos, independientemente de las medidas de control que un gobierno pueda estar implementando.