Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) enfrenta una de las semanas más críticas de su historia reciente, a menos de cinco meses de las elecciones generales, debido a una serie de eventos que han puesto en riesgo la continuidad del proceso electoral y han evidenciado profundas divisiones internas que amenazan la institucionalidad democrática del país.
El punto más álgido de la crisis se registró cuando colectivos del Partido Libertad y Refundación tomaron las instalaciones del CNE para impedir que las empresas interesadas pudieran entregar sus ofertas de licitación para el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, conocido como TREP.
Esta acción directa de bloqueo generó una paralización temporal de uno de los procesos más importantes para garantizar la transparencia en la divulgación de resultados electorales.
La consejera Ana Paola Hall se vio obligada a anunciar a través de sus redes sociales la prórroga del plazo para la recepción de ofertas debido a las «causas de fuerza mayor que impiden el acceso al sitio de apertura y recepción de ofertas del procedimiento de contratación TREP».
La funcionaria remitió a los interesados a consultar la información oficial en la página del CNE y en HonduCompras para conocer los nuevos plazos establecidos.
Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López han interpretado estos bloqueos como una estrategia deliberada del partido oficialista para sabotear el proceso electoral. Según su perspectiva, LIBRE estaría boicoteando las elecciones generales debido al temor de perder el poder, utilizando tácticas disruptivas para impedir el normal desarrollo de los preparativos electorales que requieren de tiempo y coordinación institucional.
La situación se complicó aún más cuando el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, convocó a los consejeros para comparecer ante el hemiciclo legislativo. Durante esta sesión, el mismo presidente del Congreso permitió el ingreso de colectivos de LIBRE al pleno, quienes protagonizaron disturbios que incluyeron gritos y provocaciones que impidieron que la consejera Cossette López pudiera completar su participación en la sesión legislativa.
Por su parte, el consejero Marlon Ochoa ha defendido su posición crítica hacia el modelo electoral propuesto, argumentando que lo aprobado por el CNE «constituye un nuevo fraude electoral» debido a que permite «intromisión humana» en la divulgación de resultados.
Ochoa ha rechazado categóricamente lo que denomina «el modelo David Matamoros Batson 2013 y 2017», argumentando que este sistema está diseñado específicamente para alterar los resultados enviados por las juntas receptoras de votos.
La crisis institucional se ha profundizado por la ausencia sistemática de Marlon Ochoa a las convocatorias oficiales del CNE, situación que ha agravado la falta de quórum necesario para tomar decisiones importantes.
Ante esta circunstancia, las consejeras López y Hall solicitaron la participación del consejero suplente Carlos Cardona, quien también se negó a asistir, al igual que Karen Rodríguez, quienes rechazaron participar en una sesión extraordinaria convocada para resolver la crisis.
Karen Rodríguez justificó su negativa argumentando que «la convocatoria es ilegal y no cumple con la alternancia de suplentes que dicta la ley», mientras que Carlos Cardona expresó su oposición a cambiar métodos de divulgación «a menos de cinco meses de las elecciones», lo cual considera una violación al artículo 279 de la Ley Electoral que establece los plazos mínimos para modificaciones en el sistema electoral.
El sector empresarial hondureño también se pronunció de manera contundente sobre la crisis que atraviesa el CNE. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés emitió una declaración en la que condenó los bloqueos a la institución electoral, señalando que estas acciones «no solo afectan la institucionalidad democrática del país, sino que pueden constituirse en delitos electorales» tipificados en la legislación hondureña.
Además, la CCIC dirigió un llamado específico a las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado para que cumplan con su deber constitucional de resguardar el proceso democrático, garantizando que las instituciones electorales puedan funcionar sin interferencias externas que comprometan la transparencia y legitimidad de las próximas elecciones generales.
La crisis actual del CNE refleja las profundas polarizaciones políticas que caracterizan el panorama electoral hondureño, donde las diferencias ideológicas y los intereses partidistas están poniendo en riesgo la capacidad institucional para organizar elecciones creíbles y transparentes que gocen de la confianza ciudadana y el reconocimiento internacional.
