Tegucigalpa. – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió este miércoles acción de Hábeas Corpus correctivo en favor de todos los privados de libertad del país que padecen enfermedades crónicas, personas mayores de 60 años o que por su condición inmunológica se encuentren en alto riesgo ante la pandemia de Covid-19.
Ante la acción se nombró como Jueces Ejecutores a tres defensores públicos de Tegucigalpa que coordinarán acciones correspondientes con los más de 190 defensores públicos que se encuentran laborando a nivel nacional.
También, el coordinador regional de la Defensa Pública, informó que ese mismo esfuerzo se extenderá para los recluidos en condiciones de vulnerabilidad.
Con lo anterior se pretende liberar unos mil 500 privados de libertad en las cárceles de todo el país con enfermedades como la diabetes, hipertensión, cardiovasculares, mayores de 60 años, reclusos que padecen de enfermedades respiratorias crónicas (neumonía, VIH, tuberculosis) y otros males que por su condición inmunológicas pongan en riesgo la vida de los reclusos ante la amenaza del coronavirus.
La medida fue impulsada por el presidente de la CSJ, Rolando Argueta y tiene como fin primordial beneficiar a las personas encarceladas, que cumplen con los requisitos establecidos en la ley.
Además, que, por esas mismas circunstancias legales, se beneficien al cumplir sus condenas en sus casas y colateralmente además se descongestionen las ergástulas penitenciarias o presidiarias.
De igual manera, y ante la emergencia sanitaria que embarga al país por denuncias que sostienen que en los centros penales hay una sobrepoblación, y que las instalaciones no reúnen los requisitos para mantener las condiciones higiénicas, falta de agua y de distanciamiento social recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del coronavirus.
