Tegucigalpa, Honduras.— La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) logró una mayoría de votos sobre el recurso de amparo interpuesto por el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, contra la vigencia del estado de excepción durante las elecciones generales del 30 de noviembre.
Sin embargo, al no alcanzarse unanimidad en la decisión sobre la suspensión del acto reclamado, el caso deberá ser conocido por el pleno de la CSJ, integrado por los 15 magistrados titulares de la Corte.
Uno de los magistrados emitió un voto a favor de admitir el amparo con suspensión, pero limitó su efecto exclusivamente al recurrente —es decir, solo a Solórzano—, y no a la población en general, como originalmente se solicitó.
Por su parte, otro magistrado emitió un voto particular en el que apoyó la admisión del recurso, pero rechazó la suspensión, al considerar que las afirmaciones del recurrente “carecen de argumentación jurídica suficiente”.
El recurso, presentado a nombre de Solórzano y en defensa del interés colectivo, cuestiona la legalidad del estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022 y extendido 25 veces sin aval del Congreso Nacional, en un contexto electoral en el que se restringen garantías constitucionales como la libertad de movimiento, reunión y expresión.
Cabe recordar que no es la primera vez que la CSJ admite recursos contra esta medida. En mayo de 2025, la misma Sala admitió una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), a través de su Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), solicitando también la suspensión del estado de excepción.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha emitido resolución de fondo en ninguno de los casos, lo que ha generado críticas por la falta de celeridad e independencia del máximo tribunal en un momento crucial para la democracia hondureña.
Tanto Solórzano como la ASJ esperan que, ahora en pleno, la CSJ emita una decisión definitiva que restituya las garantías constitucionales de todos los hondureños antes, durante y después de la jornada electoral.
