Tegucigalpa, Honduras. – La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia advirtió mediante circular 02-226 del 16 de febrero a la Sala Laboral que no es aceptable que ante una sentencia condenatoria firme contra el Estado se embarguen las cuentas del Banco Central de Honduras, estableciendo que esta práctica es «atípica» por violar normativa constitucional y invadir atribuciones del Poder Ejecutivo sobre partidas presupuestarias.
La circular enfatiza que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, señalando que las competencias de los Juzgados de Letras del Trabajo y Cortes de Apelaciones están desarrolladas expresamente en los artículos 679-699 del Código del Trabajo que no incluyen facultad para embargar cuentas del emisor central.
El documento establece que es atribución del Poder Ejecutivo —y bajo su responsabilidad— el variar el destino de partidas presupuestarias para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas dentro de las que se incluyen las obligaciones a cargo del Estado provenientes de sentencias definitivas firmes para pago de prestaciones laborales cuando no existiere partida presupuestaria o esta estuviera agotada.
La Secretaría recordó que el artículo 667 del Código del Trabajo establece: «Los Jueces de Trabajo son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y la ley», señalando que esta independencia no equivale a facultades ilimitadas sino que debe ejercerse dentro del marco legal expresamente conferido.
Asimismo, se enfatizó que el objetivo principal del Banco Central de Honduras es velar por el mantenimiento del valor interno y externo de la moneda nacional y propiciar el normal funcionamiento del sistema de pagos, formulando y ejecutando la política monetaria, crediticia y cambiaria del país que embargos judiciales comprometerían.
La circular señala que es «atípico» que desde la Judicatura embarguen cuentas bancarias del BCH sin observar la normativa establecida constitucionalmente y la Ley Orgánica de Presupuesto, estableciendo que magistrados laborales han excedido su competencia al ordenar embargos que corresponde ejecutar mediante mecanismos presupuestarios del Ejecutivo.
El documento del 16 de febrero llega en momento donde el ministro de Finanzas Emilio Hernández había solicitado formalmente a la CSJ modificar mecanismo de embargos para que se dirijan a Tesorería General versus Caja Única, mientras el gobierno enfrenta 3,300 millones embargados en primeros 15 días que paralizan operación estatal.
La Ley de Reactivación Económica aprobada por el Congreso busca precisamente redirigir embargos judiciales hacia Tesorería General estableciendo programación de pagos versus débitos automáticos de Caja Única, normativa que ahora encuentra respaldo en circular interna del Poder Judicial que reconoce que práctica actual viola distribución constitucional de atribuciones entre poderes.
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