Tegucigalpa, Honduras. – El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este miércoles, por mayoría de votos, dejar sin valor y efecto el memorándum que establecía nuevos lineamientos para el registro de la identidad de género autopercibida en materia penal.
La decisión revoca la instrucción girada por la magistrada Rubenia Galeano a jueces de letras de lo penal, mediante la cual se solicitaba registrar la identidad de género autopercibida y el nombre social elegido por las personas dentro de los procesos judiciales.
El tema generó debate público y reacciones de distintos sectores, luego de que se conociera el contenido del memorándum dirigido a operadores de justicia del área penal.
Más temprano, la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) había expresado su rechazo a los lineamientos, al considerar que el memorándum abría la puerta al reconocimiento administrativo de la identidad de género autopercibida dentro del sistema judicial penal.
Tras la resolución, la Corte Suprema de Justicia reafirmó su compromiso con la protección de la dignidad humana, los derechos fundamentales, la igualdad ante la ley y la no discriminación de todas las personas que acuden al sistema de justicia.
No obstante, el pleno también sostuvo que toda actuación judicial debe desarrollarse conforme a los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso e independencia judicial.
La CSJ indicó que continuará promoviendo el respeto a la dignidad de todas las personas, pero subrayó que cualquier criterio, directriz o lineamiento institucional debe ajustarse al marco constitucional y legal vigente.
Con esta determinación, el Poder Judicial deja sin vigencia el memorándum y abre una nueva discusión sobre los alcances administrativos, legales y constitucionales de los lineamientos internos emitidos en materia penal.
La resolución del pleno marca un giro en la posición institucional sobre el tema y establece que cualquier regulación relacionada con registros de identidad dentro del sistema judicial deberá estar respaldada por criterios jurídicos compatibles con la normativa nacional.
