Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia cerró definitivamente el capítulo de nuevas impugnaciones contra el controvertido decreto de amnistía 04-2022 al resolver por unanimidad desestimar siete recursos de inconstitucionalidad que habían sido presentados ante la Sala de lo Constitucional, aplicando el principio legal de desistimiento por repetición de argumentos ya resueltos.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, confirmó que los magistrados determinaron «desistir por repetición de los expedientes que estaban pendientes de resolución en los que se impugnaba el decreto 04-2022», fundamentando su decisión en que se trataba de argumentos idénticos a los ya analizados y rechazados en octubre del año 2024.
La resolución unánime se basó en las disposiciones de la Ley de Justicia Constitucional que establece el procedimiento de desistimiento cuando se presentan recursos con fundamentos repetitivos que ya han sido objeto de pronunciamiento judicial previo, evitando así la saturación del sistema con casos redundantes.
Silva explicó que el antecedente directo de esta decisión se encuentra en la resolución de octubre de 2024, cuando el pleno ya había declarado «sin lugar» impugnaciones similares contra la constitucionalidad del decreto, estableciendo un precedente que ahora aplica para los nuevos recursos que utilizaban «los mismos argumentos presentados en los nuevos recursos de inconstitucionalidad».
Los siete recursos desestimados estaban dirigidos contra el decreto 04-2022, conocido oficialmente como «Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho», una normativa que generó controversia al absolver de casos de corrupción a varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales que ejerció el poder entre 2006 y junio de 2009.
El portavoz del Poder Judicial indicó que, como punto final de la sesión, el pleno de la Corte Suprema de Justicia procederá a resolver un recurso de apelación presentado en un caso de extradición para un ciudadano venezolano, el cual había sido concedido por el juez de extradición de primera instancia.
Esta decisión judicial consolida la vigencia del decreto de amnistía tras superar los múltiples cuestionamientos constitucionales que habían sido interpuestos por diversos sectores que consideraban la normativa contraria a los principios del Estado de derecho y a los compromisos internacionales de Honduras en materia de lucha contra la corrupción.
