Tegucigalpa, Honduras.— La rendición de cuentas en el sistema de justicia dio un paso formal este martes cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió a una comisión auditora del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para iniciar una Investigación Especial sobre la ejecución de embargos judiciales contra la Cuenta Única del Estado, administrada por el Banco Central de Honduras (BCH).
La presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, respondió mediante una carta oficial a la credencial presidencial No. 0125/TSC/2026, recibida el 10 de marzo, en la que se notificó el inicio de las diligencias para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
En el documento, Obando confirmó que el Poder Judicial otorgará todas las facilidades y el apoyo institucional necesario para el buen desarrollo de las funciones auditoras.
Para garantizar que este proceso se conduzca con fluidez y respaldo técnico, la magistrada designó a un equipo de alto nivel como enlaces institucionales.
El grupo está integrado por la Lic. Jessica Roxana Castillo Mayorquin, directora Administrativa y Enlace del Poder Judicial con el TSC; la Lic. Zoila María Rivera Banegas, jefa de Auditoría Interna; y la Abg. Alba Isabel Cervantes Ramírez, Jueza Coordinadora del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán.
Este equipo será el responsable de canalizar la información y brindar las herramientas requeridas para que la comisión auditora desempeñe su labor con la debida diligencia.
Según lo solicitado en la credencial del TSC, la colaboración incluye el suministro de información referente al asunto a examinar, las aplicaciones desarrolladas en sistemas electrónicos, documentos, comprobantes, certificaciones o cualquier otro dato que se requiera para el examen.
La investigación que inicia este día cobra relevancia porque los embargos judiciales contra la Cuenta Única del Estado han afectado la operatividad de varias municipalidades del país y de otras instituciones estatales, un nudo crítico que requiere claridad en su manejo y transparencia en su ejecución.
Con el despliegue de la comisión auditora en las instalaciones de la CSJ, el proceso de fiscalización entra en una fase operativa que podría arrojar luz sobre uno de los mecanismos más sensibles en la relación entre el Poder Judicial y las finanzas públicas.
Para la presidenta Obando, esta apertura al escrutinio representa un compromiso con la transparencia institucional; para el TSC, una oportunidad de cumplir con su mandato de control fiscal; y para la ciudadanía, la expectativa de que cada lempira público sea administrado con legalidad, eficiencia y sentido de responsabilidad.
