Tegucigalpa. – En una conferencia de prensa en Casa Presidencial, la Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Finanzas (Sefin) y el Banco Central de Honduras (BCH) denunciaron este viernes una “red de corrupción” público-privado que condena al Estado a pagar demanda de cerca de tres mil millones de lempiras.
El procurador Manuel Díaz Gáleas aseguró que esto sería producto de una demanda que fue desestimada por una Corte Federal de Washington.
“El Ministerio Público debe proceder contra esta contra esta red de corrupción que pretende dejar al Estado insolvente y sin posibilidad de cumplir con las obligaciones de pago que corresponden a planilla de presupuesto”, manifestó Díaz Gáleas.
Agregó que la PGR a partir de esta administración 2022 ha presentado 44 acciones ante el sistema de justicia, entre recursos de reposición, apelaciones, oposiciones y amparos, entre otros.
“Sin encontrar un tan solo fiscal, juez o magistrado que decida hacer justicia y pare la mafia organizada que defrauda permanentemente las finanzas del Estado valiéndose de fallos corruptos y prevaricadores”, apuntó Gáleas sobre el comunicado.
Indicaron que ambas entidades de gobierno asumieron la responsabilidad de no entregar dinero de la Caja Única del Tesoro para estos casos, “de los que están acostumbrados a asaltar el Estado utilizando el Poder Judicial”.
Por su parte, la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, reiteró que no entregarán ni un lempira para el pago de las redes de corrupción.
“Existe una gran necesidad para que la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) venga a condenar las redes de corrupción especialmente financieras que operan con la convivencia de jueces y magistrados”, apuntó.
“Asumimos desde la Secretaría de Finanzas que efectivamente nuestro deber patriótico de no entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Estado para pagar redes de corrupción que han estado acostumbradas a estafar al Estado, utilizando el Poder Judicial”, recalcó.
Añadió que asumen también la altísima responsabilidad de no defraudar a nueve millones de hondureños que representamos desde el Estado, independientemente que hoy se sientan ofendidos una decena de corruptos.
Honduras requiere de un impulso potente contra la corrupción, por eso de la necesidad de que la CICIH venga al país con absoluta independencia para investigar, para acusar y para condenar las redes de corrupción público privada, especialmente de alto impacto en materia financiera que operan en el país con la convivencia del Poder Judicial, con la convivencia de decenas de jueces y magistrados prevaricadores que especialmente durante los últimos 12 años se han ido gratuitos.
Todos los días condenan, en todas las materias, pero el cohecho, la prevaricación judicial, en todos los niveles, se ha ido de gratis, recriminó.
Afirmó que desde la Secretaría de Finanzas, desde el Gobierno de la República, van a privilegiar el interés social ante el interés particular y frente a esa sentencia prevaricadora, onerosa que manda a tener que pagar dos mil 600 millones de lempiras dejando al Estado en estado de insolvencia y sin posibilidad de pagar las planillas que corresponden al mes, “actuaremos con la responsabilidad que también el momento histórico demanda”, enfatizó la funcionaria.
Indicó que es su obligación desmontar las redes de corrupción y en esta década más de 15 mil millones de lempiras ha pagado el pueblo hondureño en demandas tramposas, traficándose con bufetes también identificados y el Estado resistiendo, resistiendo a través de la Caja Única, los pagos constantes de la corrupción.
“Creo que ha llegado el momento de combatirla en todos sus niveles y combatirla con firmeza y por eso la necesidad de hacer público este día, además de la denuncia las 44 acciones que la PGR en coordinación con la Secretaría de Finanzas, con el Banco Central de Honduras y con otras instituciones del Estado, involucrada en este caso el Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis), ha efectuado, sin éxito, 44 acciones sin ningún resultado, incluida la denuncia presentada en el caso concreto ante la Uferco y el Ministerio Público, desde mediados del año pasado”, apuntó.
Señaló que, antes de la venida de la Comisión Técnica en una primera etapa de la CICIH, después de la firma del Memorándum de Entendimiento y después de la visita que hiciera la Presidenta de la República, Xiomara Castro, a Naciones Unidas, “les hacemos el llamado a los fiscales y a las autoridades de la Uferco y del Ministerio Público, si queda un fiscal aún capaz de combatir redes de corrupción, para que den trámite a todos esos papeles que ven ustedes en esta mesa, a todos esos expedientes que ven ustedes en esta mesa, que son expedientes de denuncias por todas las acciones al margen de la ley que se han ejecutado durante una década en este caso concreto”, puntualizó.
