Tegucigalpa, Honduras. – Una decisión judicial que cierra una puerta legal para el expresidente Juan Orlando Hernández. La Corte Suprema de Justicia resolvió declarar «sin lugar» la solicitud presentada por la defensa del exmandatario, que buscaba revocar la orden de captura girada en su contra en Honduras.
La resolución judicial implica que la orden de captura y la alerta internacional continúan vigentes, según confirmó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva. Una noticia que deja claro que la medida judicial contra el exgobernante se mantiene firme.
El recurso legal había sido interpuesto por el equipo de abogados del exmandatario con el objetivo de suspender la orden de captura, lo que permitiría su eventual ingreso al país tras haber recibido un indulto en Estados Unidos.
Sin embargo, el tribunal determinó que no procedía la revocatoria ni el recurso de reposición, por lo que la situación jurídica de Hernández no cambia con esta decisión.
Un caso que involucra a dos expresidentes
El nombre de Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, figura entre los implicados en un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público en octubre de 2023 contra varios exfuncionarios. En ese proceso también fue señalado el expresidente Porfirio Lobo Sosa, junto a otros exfuncionarios.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el caso está relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, que habrían sido canalizados a través de fundaciones y empresas ficticias para financiar actividades políticas. Una red que, según la investigación, operó durante años sin ser detectada.
Las investigaciones apuntan a que al menos 62 millones de lempiras habrían sido desviados mediante contratos simulados, prestanombres y empresas fachada, fondos que supuestamente terminaron en movimientos políticos vinculados al exmandatario. Una cifra que representa el alcance de lo que las autoridades investigan.
Ahora, con la orden de captura vigente y la alerta internacional activa, Juan Orlando Hernández enfrenta un escenario jurídico complicado si decide regresar a Honduras. El indulto que recibió en Estados Unidos no tiene efecto sobre los procesos que se siguen en su país de origen.
La decisión de la Corte Suprema deja claro que las puertas legales para revocar la orden de captura se han cerrado, al menos por esta vía. Mientras tanto, las investigaciones sobre el desvío de fondos públicos continúan su curso, con dos expresidentes señalados en un caso que ha marcado la agenda judicial del país.
El mensaje del Poder Judicial es contundente: la orden de captura sigue en pie y las autoridades mantienen su posición de que debe responder ante la justicia hondureña por las acusaciones en su contra.
