Tegucigalpa, Honduras. – El laberinto judicial que rodea a la consejera electoral Cossette López se ha vuelto aún más oscuro y sinuoso. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha asestado un duro golpe a su defensa al declarar «sin lugar» la petición de realizar un peritaje científico a los polémicos audios que el Ministerio Público ha utilizado como punta de lanza en su acusación de un complot para fraguar un fraude electoral.
La noticia fue recibida con indignación por su apoderado legal, Dagoberto Aspra, quien lamentó la negativa a investigar la autenticidad y el origen de las grabaciones llevadas a la Fiscalía por el consejero oficialista Marlon Ochoa.
«Ellos dicen que para defender la democracia hicieron públicos los audios», ironizó Aspra, calificando los argumentos del Ministerio Público como «falaces». «Es increíble que el Ministerio Público utilice estos conceptos, porque lo están dirigiendo personas que desconocen el derecho.
El MP no fue creado para defender la democracia, sino para ejercer la acción penal», sentenció el abogado, acusando a la fiscalía de desviarse de su mandato constitucional.
Lo que hace la situación aún más kafkiana, según Aspra, es la contradicción inherente en el proceso. Mientras la Corte le niega las herramientas para defenderse de los audios, al mismo tiempo le notifica que su representada, Cossette López, no figura oficialmente como acusada ni como investigada en el proceso del Ministerio Público.
Una paradoja que la deja atrapada en el limbo: es juzgada por la opinión pública con pruebas cuya veracidad no puede impugnar, pero legalmente no tiene un estatus formal que le permita un debido proceso.
Aspra también sembró dudas sobre la imparcialidad del procedimiento judicial, cuestionando la designación de una magistrada suplente para conocer el caso, en lugar de un magistrado propietario como, según él, establece el orden de precedencia.
«No entendemos cómo el orden que ya está preestablecido en la Corte se altera. Al final aparece una jueza que la misma presidenta (Rebeca Ráquel Obando) la designa», señaló, apuntando a posibles irregularidades dentro del propio Poder Judicial.
Con esta resolución, la defensa de López se siente acorralada. Aspra anunció que no se quedará de brazos cruzados y presentará un recurso de apelación, buscando desesperadamente una «herramienta efectiva legal» que le permita desarticular lo que considera una «narrativa» construida por el partido de gobierno para destruirla políticamente.
