Tegucigalpa, Honduras. – El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunió este lunes para ratificar la designación de un juez natural que conocerá la solicitud de requerimiento fiscal que involucra a la diputada Isis Cuéllar y otros funcionarios de Sedesol en una trama de desvío de fondos públicos para simpatizantes políticos, caso que incluye una docena de acusados y posibles órdenes de captura contra la legisladora y el exministro José Carlos Cardona.
Una alta fuente del Poder Judicial confirmó que se trata de una acusación contra los involucrados en el caso Sedesol por el delito de fraude, basado en la revelación del «cheque video» donde la diputada Cuéllar y el ahora exministro Cardona confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) durante el período previo a las elecciones generales.
En el material audiovisual que generó escándalo nacional, la congresista por Copán explica detalladamente cómo destinó los fondos: «¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? A las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido», refiere Cuéllar en la conversación con Cardona.
La diputada menciona que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo con recursos del Estado que legalmente deben destinarse a programas sociales para población vulnerable, no a actividades partidarias. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras según sus propias palabras, sumando aproximadamente 1.87 millones de lempiras solo en los 15 kits documentados en el video.
El hecho provocó que «rodara la cabeza» de Cardona como titular de Sedesol, mientras que a Cuéllar, en teoría, la suspendieron de todos los cargos de Libre según lo difundido en un comunicado de su asamblea partidaria, además la vetaron como diputada del Congreso Nacional y candidata a reelegirse como legisladora durante el proceso electoral de noviembre 2025.
Sin embargo, todo ello quedó en discurso y Cuéllar ha recobrado su vigencia política en un nuevo período que comenzó el 25 de enero, reapareciendo como diputada activa en el Congreso Nacional 2026-2030 pese al supuesto veto, evidenciando que las sanciones partidarias anunciadas públicamente nunca se materializaron efectivamente o fueron posteriormente levantadas sin anuncio oficial.
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, manifestó que este requerimiento involucra a altos funcionarios del Estado hondureño, señalando que el magistrado que funge como juez natural designado tiene que admitir el requerimiento fiscal y saber si hay orden de captura contra los imputados, particularmente contra Cuéllar y Cardona que son las figuras más visibles del escándalo.
Silva indicó que el juez debe programar la audiencia de declaración de imputado si admite la solicitud de requerimiento fiscal, iniciando formalmente el proceso judicial que podría derivar en prisión preventiva si el magistrado considera que existen riesgos de fuga u obstaculización de la justicia, considerando que Cuéllar mantiene fuero como diputada aunque este ya no protege contra procesos penales.
El vocero confirmó que hay varias personas imputadas por la comisión del delito de fraude, alcanzando una docena de acusados según fuentes judiciales, incluyendo funcionarios de Sedesol que participaron en la emisión y procesamiento de los cheques utilizados para canalizar fondos públicos hacia actividades político-partidarias durante la campaña electoral.
La reaparición de Cuéllar como diputada activa pese al supuesto veto de Libre genera interrogantes sobre la efectividad de sanciones partidarias cuando no se materializan mediante acciones concretas como impedir juramentación o remover del cargo legislativo, considerando que el partido oficialista mantuvo silencio cuando la legisladora asumió su curul el 25 de enero.
El exministro Cardona había criticado públicamente que Cuéllar estaba «lista para negociar impunidad» con su voto en el Congreso, insinuando que la diputada podría utilizar su posición legislativa para obstruir investigaciones o negociar acuerdos políticos que la protejan de consecuencias penales por el caso documentado en video.
El caso Sedesol representa uno de los escándalos de corrupción más documentados del gobierno de Xiomara Castro, considerando que existe evidencia audiovisual donde los propios implicados explican detalladamente cómo desviaron recursos públicos, incluyendo montos específicos, destinatarios y procedimientos utilizados para convertir cheques estatales en materiales de campaña partidaria.
La designación de juez natural por el pleno de magistrados de la CSJ marca el inicio formal del proceso judicial que determinará si los imputados enfrentan juicio por fraude y potencialmente otros delitos relacionados con malversación de fondos públicos, considerando que utilizaron recursos de Sedesol —destinados legalmente a población vulnerable— para financiar actividades político-electorales prohibidas.
El Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal después de investigación que incluyó análisis del video, rastreo de cheques emitidos por Sedesol, identificación de beneficiarios y establecimiento de la cadena de custodia del dinero desde su emisión hasta su conversión en materiales de campaña distribuidos a coordinaciones del partido Libre.
La docena de imputados evidencia que el esquema de desvío de fondos involucraba múltiples funcionarios en diferentes niveles jerárquicos de Sedesol, desde quienes autorizaban emisión de cheques hasta quienes los canjeaban y distribuían materiales, configurando una red organizada de corrupción que operó durante meses antes de ser expuesta públicamente mediante el video filtrado.
Las posibles órdenes de captura contra Cuéllar y Cardona plantean la disyuntiva de si las autoridades procederán a ejecutarlas inmediatamente o si negociarán comparecencia voluntaria a las audiencias judiciales programadas, considerando el perfil público de ambos imputados y el hecho de que Cuéllar mantiene fuero legislativo aunque este ya no impide procesos penales según reformas constitucionales.
