Tegucigalpa, Honduras.— El bolsillo de los hondureños siente el peso de una realidad que no da tregua: la canasta básica ya supera los 16 mil lempiras y ha aumentado entre 500 y 700 lempiras solo en lo que va de 2026, un escenario que el exdiputado Ramón Carranza Discua considera urgente atender con medidas institucionales concretas.
Frente a esta situación, Carranza Discua propuso que el Congreso Nacional cree una Comisión de Defensa del Consumidor, un mecanismo legislativo que, a su juicio, permitiría vigilar los mercados, prevenir abusos y garantizar transparencia en la formación de precios.
«Si la canasta básica ya supera los 16 mil lempiras y ha aumentado entre 500 y 700 lempiras solo este año, en parte por el impacto del conflicto en Medio Oriente en los precios internacionales, urge poner atención a lo que está pasando con los precios de los alimentos», detalló el exlegislador.
La propuesta no surge en el vacío. Carranza Discua recordó una dinámica que los consumidores hondureños conocen bien: «Cuando los precios internacionales suben, los productos suben; pero cuando bajan, casi nunca regresan al mismo nivel». Una asimetría que, según su análisis, refleja la necesidad de un órgano de control que acompañe de cerca el comportamiento de los mercados y proteja el poder adquisitivo de las familias.
El objetivo de la comisión, explicó, sería triple: vigilar los mercados para detectar prácticas abusivas, prevenir especulaciones que distorsionen los precios y garantizar transparencia en la formación de costos, de modo que los consumidores comprendan qué factores inciden en lo que pagan en el supermercado o el mercado local.
El contexto internacional añade presión a esta demanda. El conflicto en Medio Oriente y la volatilidad en los precios del petróleo han generado incrementos en los combustibles, un rubro que tiene efecto dominó en el transporte de mercancías, la producción de alimentos y, finalmente, en el precio de la canasta básica.
En ese escenario, la propuesta de Carranza Discua busca que el Legislativo no sea espectador, sino actor en la defensa de los derechos económicos de la ciudadanía.
Para el exdiputado, la creación de esta comisión no es un gesto simbólico, sino una herramienta práctica para equilibrar la relación entre oferentes y consumidores. «La experiencia en Honduras muestra algo preocupante», advirtió, al subrayar que la falta de vigilancia permite que los aumentos se trasladen de inmediato al precio final, mientras que las bajas internacionales rara vez se reflejan en los estantes.
Mientras el debate sobre la propuesta avanza, la pregunta que permanece es si el Congreso Nacional asumirá este llamado como una prioridad legislativa. Para Carranza Discua, la respuesta debería ser clara: en tiempos de incertidumbre económica, la defensa del consumidor no es un tema secundario, sino un pilar para la estabilidad social y la confianza en el mercado.
Por ahora, la ciudadanía sigue enfrentando precios que no bajan al ritmo que esperan. Y la propuesta de una Comisión de Defensa del Consumidor se presenta como una posibilidad para que, al menos, exista un contrapeso institucional que vigile, cuestione y exija transparencia en un sistema donde cada lempira cuenta.
