Tegucigalpa – Una estafa financiera privada se ha convertido en un asunto de Estado. El caso Koriun, que afectó a más de 35 mil ahorrantes principalmente en el departamento de Cortés, está siendo redirigido desde las esferas más altas del poder hacia una solución política con evidentes fines electorales.
Esta es la conclusión de un incisivo análisis realizado por la consultora NODO, cuyo informe revela las intenciones reales detrás de la propuesta gubernamental de utilizar fondos públicos para compensar a las víctimas de esta pirámide financiera.
«Comenzó el intento de transformar una estafa de orden mercantil en una operación masiva de salvataje político financiada con fondos públicos, que amenaza arrebatarle votos a la oposición en el departamento más valioso», señala NODO en su análisis publicado a través de la plataforma X.
Esta afirmación pone en evidencia lo que muchos analistas ya sospechaban: la solución propuesta por Casa Presidencial tiene mucho más que ver con los comicios de noviembre que con la justicia para los afectados.
La aritmética electoral detrás del rescate financiero
El departamento de Cortés, donde se concentra la mayoría de las víctimas de Koriun, representa un botín electoral crucial para cualquier fuerza política con aspiraciones nacionales. Con la mayor concentración poblacional después de Francisco Morazán, este territorio industrial ha sido históricamente determinante en las elecciones presidenciales hondureñas.
La debacle de Koriun ha generado un profundo descontento hacia las autoridades gubernamentales, particularmente por la cuestionada inacción de entes reguladores como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que permitieron que esta empresa operara durante años captando recursos del público sin supervisión adecuada.
Este descontento podría traducirse en un castigo electoral para el partido oficialista Libre en los comicios de noviembre.
Ante esta perspectiva, el gobierno ha optado por una estrategia arriesgada pero potencialmente efectiva: socializar las pérdidas de una estafa privada, convirtiendo fondos públicos en un salvavidas político para mitigar el daño electoral en una región clave.
Como señala NODO: «Libre enfrenta el mayor riesgo, porque a pesar de controlar el Estado, no logra revertir la narrativa del fracaso gubernamental que Koriun representa».
El mercado político y la cotización del voto
El análisis de NODO describe con crudeza cómo el caso Koriun ha generado un verdadero «mercado de votos» en el Congreso Nacional, donde el valor fluctúa según dos variables principales: el nivel de descontento en zonas como Choloma y la cohesión interna de los partidos de oposición.
«Cuando los votos se negocian individualmente no solo se compra el paquete Koriun sino también tolerancia a la Ley de Justicia Tributaria, ratificaciones de préstamos CAF y amnistías municipales», advierte la consultora, evidenciando que la crisis podría ser aprovechada por el oficialismo para obtener apoyos legislativos en múltiples frentes.
En este mercado político, NODO identifica un «eslabón vulnerable»: los 27 diputados de oposición que no buscarán la reelección. Estos legisladores, según el análisis, «operan como agentes libres en un mercado donde el gobierno tiene ventajas asimétricas en poder y recursos», constituyendo el primer objetivo para las ofertas gubernamentales que buscarían quebrar la resistencia opositora.
La unidad opositora como única estrategia viable
Frente a esta compleja dinámica, NODO plantea que la única respuesta efectiva de la oposición sería mantener un bloque unido que «encarezca los votos hasta que la transacción colapse». La fragmentación, por el contrario, permitiría que «LIBRE domine la narrativa y frene la hemorragia de votos que le está causando Koriun».
El dilema para los partidos opositores es igualmente complejo: «Lo que más temen los políticos de oposición es que los votantes de Cortés los vean como insensibles a su pérdida, pero si son cómplices de un rescate opaco perderían legitimidad moral en dicho departamento».
Este equilibrio entre empatía con las víctimas y responsabilidad fiscal representa el mayor desafío comunicacional para quienes se oponen a la iniciativa gubernamental.
La consultora enfatiza que «la unidad permite explicar a las víctimas que impedir este proyecto no es abandonarlos, sino evitar que el gobierno convierta su tragedia en clientelismo», sugiriendo que una narrativa coherente podría transformar la indignación social en un «dique contra la legalización de fraudes privados».
Las implicaciones institucionales y el precedente peligroso
Más allá de las consideraciones electorales inmediatas, la iniciativa gubernamental plantea serias interrogantes sobre el manejo institucional de crisis financieras y el uso de recursos públicos.
El precedente de utilizar fondos estatales para compensar a víctimas de estafas privadas abre la puerta a futuros reclamos similares y podría incentivar comportamientos financieros de alto riesgo bajo la presunción de eventuales rescates gubernamentales.
La verdadera tragedia de Koriun radica no solo en las pérdidas económicas de miles de familias sino en cómo un caso que debería abordarse desde la perspectiva de la justicia, la regulación financiera y la responsabilidad institucional ha sido convertido en una pieza más del ajedrez político hondureño, donde las víctimas corren el riesgo de transformarse de damnificados financieros en simples votantes potenciales.
El tiempo dirá si la estrategia electoral detrás del caso Koriun logra su cometido político o si, como sugiere NODO, la oposición consigue articular una respuesta unificada que convierta «la indignación social en un dique contra la legalización de fraudes privados» financiados con recursos de todos los hondureños.
