Tegucigalpa, Honduras. – Tras casi dos años de gestión de Johel Zelaya como Fiscal General, incluyendo el período de interinato, surgen cuestionamientos sobre el presunto sesgo político de sus requerimientos, que se han enfocado exclusivamente en miembros de partidos de oposición y exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Zelaya, afín al partido gobernante Libre, participó como precandidato a la alcaldía de Reitoca en las elecciones internas de 2021 y era regidor antes de asumir el cargo. Fue electo como Fiscal General interino el 1 de noviembre de 2023 por una Comisión Permanente del Congreso Nacional integrada mayoritariamente por diputados oficialistas, en un período de crisis del Poder Legislativo.
Al asumir el cargo, Zelaya prometió combatir la corrupción y perseguir a políticos coludidos con este ilícito, así como el narcotráfico y crimen organizado, asegurando que no presentaría requerimientos «sin sesgo o color político» contra los imputados en casos de corrupción.
Sin embargo, los casos presentados en los juzgados «parecen llevar dedicatoria» ya que solo se acusa a reconocidos miembros de los partidos Nacional y Liberal, así como exfuncionarios del gobierno de Hernández, incluyendo al actual candidato presidencial nacionalista Nasry Asfura.
Pese a cumplir con requerimientos fiscales contra casos de la pasada administración, muchos cuestionan que solo se enfoca en una institución política y el momento en que se interponen los casos.
Durante su gestión, Zelaya no ha presentado requerimientos fiscales por el «narcovideo» donde aparece el exdiputado y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya, reunido con narcotraficantes para pactar entrega de dinero para la campaña de Libre en 2013. El fiscal llegó a pedir públicamente a periodistas que no le preguntaran más sobre este caso.
Tampoco ha presentado requerimiento por el «cheque video» donde la diputada Isis Cuéllar conversa con el exministro José Carlos Cardona para pactar uso de dinero de Sedesol para la campaña de Libre en Copán, pese a que Carlos Zelaya solo renunció como secretario del Congreso y diputado.
