Tegucigalpa – La Comisión de Acción Social Menonita (CASM) ha puesto en duda la viabilidad del nuevo plan migratorio anunciado por el gobierno hondureño, cuestionando específicamente su respaldo financiero. César Ramos, coordinador de incidencia migrante de la organización, plantea interrogantes cruciales sobre la fuente de financiamiento del programa, considerando que el presupuesto nacional para 2025 aún no ha sido aprobado.
La iniciativa gubernamental, anunciada por el canciller Enrique Reina como respuesta a las amenazas de deportaciones masivas desde Estados Unidos, enfrenta un escenario complejo ante la falta de consensos políticos que impiden la aprobación del Presupuesto General de la República, estimado en 430,980 millones de lempiras.
«Las deportaciones masivas ya constituyen una emergencia humanitaria que requiere un plan de contención inmediato, pero la pregunta crucial es: ¿de dónde saldrá ese presupuesto?», señaló Ramos, destacando la urgencia de la situación.
El anteproyecto presupuestario, que contempla un incremento del 5.8% respecto al 2024, fue aprobado en consejo de ministros el pasado 9 de septiembre, pero su implementación depende de la aprobación del Congreso Nacional, proceso que se ha visto obstaculizado por divisiones políticas.
En este contexto electoral, las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han intensificado sus llamados para la pronta aprobación del presupuesto, reconociendo que 2025 presenta desafíos significativos en materia migratoria que requieren una respuesta institucional robusta y financieramente respaldada.
La situación pone de manifiesto la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento claros y efectivos para atender la crisis migratoria, especialmente en un momento donde la respuesta institucional podría verse comprometida por la incertidumbre presupuestaria.
