Tegucigalpa – La reunión prevista para el miércoles 14 de febrero tiene un peso significativo en el proceso judicial dirigido contra el expresidente Juan Orlando Hernández, ya que el juez Kevin Castel tomará una decisión crucial respecto al uso de información clasificada en el juicio.
La defensa del exmandatario, encabezada por la abogada Sabrina P. Shroff, ha expresado su preocupación sobre el manejo de cierta información clasificada que será debatida durante el juicio, programado para comenzar el próximo martes 20 de febrero. Shroff ha calificado las restricciones impuestas como «inaceptables», argumentando que la información en cuestión no está protegida ni es de alta seguridad.
La decisión sobre si se permitirá o no el uso de la información clasificada recae en el juez Castel, quien analizará detenidamente los argumentos presentados por ambas partes durante la reunión del miércoles, antes de determinar la viabilidad de su utilización en el proceso judicial.
La cobertura de prensa del evento, denominado «el juicio del siglo», señala que se espera la comparecencia de ambas partes ante el juez Castel en las próximas horas para discutir el tratamiento de las pruebas clasificadas.
Particularmente, se ha destacado la disputa en torno a la solicitud de la fiscalía de prohibir al expresidente Hernández hacer mención de las reuniones mantenidas durante su mandato con autoridades estadounidenses.
Según el análisis realizado por el abogado penalista Juan Carlos Díaz, el carácter clasificado de esta información, protegida por instituciones de inteligencia como la DEA y la CIA, indica que es probable que se mantenga oculta por razones de seguridad. Sin embargo, la decisión final queda sujeta a la resolución del juez.
De hecho, la prensa en Nueva York coincide en que la Fiscalía se opone a divulgar esta información, argumentando que su revelación podría poner en peligro investigaciones y operaciones en curso tanto en Honduras como en la región en su conjunto.
Por otro lado, la fiscalía sostiene que la divulgación de dicha información podría generar confusión entre los miembros del jurado.
Con base en antecedentes previos, es común que la fiscalía se oponga a la divulgación de material sensible o información clasificada, argumentando la necesidad de proteger las fuentes y los métodos de las agencias de inteligencia y seguridad.
