Tegucigalpa – El proceso de selección del Fiscal General y Fiscal Adjunto en Honduras sigue generando debate y discrepancias entre las diferentes bancadas políticas.
En esta ocasión, el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, ha expresado su opinión sobre la elección y ha enfatizado la importancia de llegar a un consenso, tomando como ejemplo el proceso de selección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el pasado.
Sarmiento respondió a las declaraciones del diputado Antonio Rivera Callejas, quien había afirmado que la bancada nacionalista no apoyaría a un Fiscal General con sesgo ideológico o vinculado a Libre.
Según Sarmiento, esta tendencia de politizar y llevar al terreno ideológico temas que deberían ser abordados desde la gobernanza del país es contraproducente y distorsiona la situación.
El jefe de la bancada de Libre considera que la agenda radical del Partido Nacional, enfocada en temas ideológicos y políticos, fue lo que llevó a la población hondureña a votar por un cambio en las últimas elecciones.
En ese sentido, Sarmiento afirma que es una obligación escoger a las nuevas autoridades del Ministerio Público de acuerdo a las demandas de la población.
Además, Sarmiento sostiene que el proceso de selección del Fiscal General y Fiscal Adjunto debería ser más sencillo que el proceso de selección de los magistrados de la CSJ, ya que en esta ocasión solo se trata de elegir a dos personas. Por lo tanto, considera que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas.
El jefe de la bancada de Libre también señala que el discurso de la bancada nacionalista es una estrategia retórica para llamar la atención como oposición, pero al final confía en que se logrará elegir al Fiscal General y al Fiscal Adjunto, y que la clase política será capaz de llegar a un consenso en beneficio del país.
En resumen, Rafael Sarmiento destaca la importancia de dejar de lado las consideraciones ideológicas y políticas en el proceso de selección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto, y enfatiza la necesidad de llegar a un acuerdo que refleje las demandas de la población y garantice una gestión transparente y efectiva en el Ministerio Público.
