Tegucigalpa, Honduras. – El traslado irregular de un cargamento de joyas y relojes bajo custodia del Estado terminó con una sentencia condenatoria contra el exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Francisco Ernesto Ruíz Nieto, declarado culpable este jueves por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
La resolución fue emitida por un Tribunal de Sentencia, luego de conocer las irregularidades señaladas por el Ministerio Público en el manejo de bienes decomisados durante la Operación Emperador, desarrollada en el municipio de El Progreso.
De acuerdo con la investigación fiscal, el 3 de agosto de 2019, cuando Ruíz Nieto dirigía la OABI, se realizó el traslado de varios bienes desde las oficinas de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa, sin cumplir con los procedimientos administrativos establecidos.
Entre los artículos movilizados figuraban 135 lotes de joyas y 28 relojes de distintas marcas, que permanecían bajo responsabilidad de la institución encargada de administrar los bienes incautados.
Sin embargo, al llegar el cargamento a la capital, se detectó la desaparición de joyas valoradas en 1,271,860 lempiras, según los resultados de las diligencias realizadas por el ente acusador.
La Fiscalía estableció que el entonces funcionario incumplió las disposiciones del reglamento interno de la OABI relacionadas con la custodia y resguardo de estos artículos.
En particular, el requerimiento fiscal señaló que la normativa obliga a depositar las joyas incautadas en cajas de seguridad de bancos o entidades financieras del sistema nacional, procedimiento que no fue observado durante el traslado investigado.
La acusación se centró en el incumplimiento de los deberes administrativos que correspondían al exdirector como responsable de la institución, en un caso marcado por la pérdida de bienes que estaban bajo custodia estatal.
Tras valorar los elementos presentados durante el proceso, el tribunal emitió el fallo de culpabilidad contra Ruíz Nieto.
No obstante, la pena todavía no ha sido determinada. La audiencia de individualización fue programada para el próximo 3 de noviembre, fecha en la que se establecerá la sanción correspondiente al delito por el que fue declarado culpable.
El caso pone nuevamente bajo atención judicial los procedimientos de administración y custodia de bienes incautados, particularmente las obligaciones de los funcionarios encargados de garantizar su resguardo mientras permanecen bajo control del Estado.










