Tegucigalpa – El Juzgado de Letras de Privación de Dominio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido una resolución en la que declara «Sin Lugar» la acción de Privación de Dominio promovida por el Fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, contra el exalcalde de la capital y ex candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura.
Esta acción legal se venía desarrollando durante varios años y se centraba en la presunta adquisición irregular de bienes por parte de los acusados.
La decisión del juzgado se basó en varios argumentos, incluyendo la falta de pruebas sólidas, la presencia de testigos cuestionables y documentación insuficiente presentada por la Fiscalía.
Según el comunicado oficial de la CSJ, se encontró que el informe forense presentado por la UFERCO estaba incompleto y carecía de conclusiones y análisis financiero adecuado. Además, la Fiscalía no proporcionó pruebas contundentes para sustentar sus acusaciones de que los bienes en cuestión habían sido adquiridos de manera irregular como resultado de actividades administrativas indebidas.
El juzgado también observó que varios testigos desconocían la razón por la que habían sido llamados a declarar en la audiencia y no estaban al tanto de los hechos sobre los cuales debían testimoniar. Esto llevó a la conclusión de que estos testigos eran poco confiables y finalmente fueron retirados de la causa por el representante del Ministerio Público.
La resolución del juzgado no solo afecta a Nasry «Tito» Asfura sino también a otros acusados en el caso, incluida la ex regidora Nilvia Castillo, así como los colaboradores del exalcalde, Cinthia Borjas, Wilmer Rodríguez y Rolando Uriarte.
Todos ellos habían sido objeto de la investigación de la UFERCO y enfrentaban la posibilidad de Privación de Dominio sobre seis bienes inmuebles valuados por el Fiscal en 28 millones 559 mil 062 lempiras, lo que se consideraba una compensación por la supuesta administración irregular de los recursos en la alcaldía capitalina en 2017.
La notificación oficial de la sentencia está programada para el 30 de octubre, y a partir de ese momento, las partes involucradas tendrán tres días para presentar cualquier Recurso de Apelación que consideren pertinente.
La decisión del juzgado representa un giro en un caso que ha sido seguido de cerca por la opinión pública hondureña debido a su relevancia en el contexto político y legal del país.
