Tegucigalpa, Honduras.— El sistema de justicia hondureño enfrenta uno de sus momentos más críticos. La audiencia de juicio oral y público contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores y Miriam Barahona, fue suspendida abruptamente este martes, no por un tecnicismo, sino por una acción que apunta directamente al corazón del Poder Judicial: la recusación de la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.
La defensa de los magistrados, encabezada por el abogado Oliver Erazo, argumenta que Ráquel Obando carece de la imparcialidad necesaria para supervisar el caso debido a su presunta amistad y afinidad política con la presidenta de la República, Xiomara Castro, y el partido Libertad y Refundación (Libre).
Esta acusación, que la magistrada presidenta ha negado enfáticamente, fue suficiente para que ella misma diera trámite a la recusación, elevando la decisión final al pleno de magistrados de la CSJ.
Este enfrentamiento no es un hecho aislado. Se trata del capítulo más reciente de una saga que comenzó cuando Flores y Barahona, en una polémica resolución, anularon la elección del fiscal general interino, Johel Zelaya, una figura clave para el gobierno.
Juez Natural Designado resuelve dar trámite a la recusación presentada por la representación legal de los ciudadanos Mario Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona. En consecuencia, fue suspendida la audiencia de declaración de imputado que había sido señalada para este día y se… pic.twitter.com/KATIyt0aBp
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) November 18, 2025
La respuesta del oficialismo fue inmediata: desde el Congreso Nacional se impulsó un juicio político contra ambos funcionarios por supuesto abuso de autoridad, un proceso que la defensa califica como una «persecución política» y una «narrativa impuesta» para doblegar a un poder del Estado.
«Nunca se había visto esta situación en ningún tribunal de Centroamérica», declaró el abogado Erazo, prometiendo «enseñar al pueblo hondureño que se puede lograr que se respete la ley aunque hayan valladares». Sus palabras resuenan en un ambiente de extrema polarización, donde la independencia judicial está en el centro del debate.
Con la audiencia paralizada y el caso en el limbo, la crisis se profundiza. La decisión que tome el pleno de la CSJ no solo definirá el futuro de dos magistrados electorales, sino que sentará un precedente sobre la capacidad del sistema de justicia para resistir las presiones políticas y mantener el frágil equilibrio de poderes en Honduras.
