Tegucigalpa – La organización Defensores de Honduras intensificó este lunes su campaña para lograr la separación del cargo del general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, mediante un nuevo pronunciamiento público que eleva las acusaciones contra el alto mando militar.
En su más reciente declaración, la plataforma de organizaciones civiles fundamentó su exigencia de «destitución inmediata» en lo que considera violaciones directas al marco constitucional que rige el rol de las fuerzas armadas en el sistema democrático hondureño.
La acusación central se basa en declaraciones públicas emitidas por Hernández que, según Defensores de Honduras, «contradicen el artículo 272 de la Constitución» cuando el general afirmó que la institución castrense es «un instrumento del poder político».
Esta caracterización del rol militar genera particular preocupación en la organización, que considera estas declaraciones como una desviación fundamental del principio constitucional de apoliticismo que debe regir a las fuerzas armadas en un sistema democrático.
Defensores de Honduras amplió sus señalamientos contra el jefe militar, acusándolo de haber «incurrido en faltas de transparencia y abuso de poder», sugiriendo un patrón de conducta que trasciende declaraciones aisladas para adentrarse en el ejercicio cuestionable de sus funciones.
La organización expresó particular preocupación por el impacto institucional de las acciones de Hernández, señalando que «el prestigio de las Fuerzas Armadas se ha manchado por las acciones del jefe castrense», razón por la cual consideran que «debe ser separado de su cargo de forma inmediata».
Uno de los aspectos más críticos del pronunciamiento se centra en el deterioro de la relación entre la institución militar y la ciudadanía. Defensores de Honduras afirmó categóricamente que «no hay confianza» y que «la población ha perdido la confianza con la institución por el accionar adoptado por Hernández».
Esta pérdida de confianza ciudadana se atribuye específicamente a lo que la organización caracteriza como la decisión del general de «rendirse a la actual administración», sugiriendo una subordinación política que consideran incompatible con el rol constitucional de las fuerzas armadas.
La plataforma adoptó un tono de exigencia moral dirigido tanto a Hernández como al conjunto del alto mando militar, recordándoles que «tanto Hernández como los otros militares deben anteponer su cargo por fallarle al pueblo».
Este llamado refleja la expectativa de que los oficiales militares prioricen su compromiso institucional y constitucional por encima de lealtades políticas o presiones gubernamentales que puedan comprometer la autonomía e integridad de las fuerzas armadas.
Defensores de Honduras aprovechó la ocasión para reafirmar su propia legitimidad y composición institucional, recordando al jefe castrense que representan «una plataforma con compromiso democrático y donde están incluidas varias organizaciones de la sociedad civil».
Esta aclaración busca subrayar que las críticas no provienen de sectores políticos partidarios, sino de un amplio espectro de organizaciones civiles comprometidas con la defensa de principios democráticos y el Estado de derecho.
El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente polarización política donde el papel de las fuerzas armadas ha adquirido particular relevancia, especialmente en relación con procesos electorales y el mantenimiento del orden público durante crisis institucionales.
La insistencia de Defensores de Honduras en la destitución de Hernández refleja preocupaciones más amplias sobre la militarización de funciones que tradicionalmente corresponden a instituciones civiles y el riesgo de erosión de los principios democráticos que deben regir la relación entre poder civil y militar.
La situación plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema político hondureño para mantener el equilibrio constitucional entre las diferentes instituciones del Estado, particularmente en momentos de alta tensión política como los que caracterizan el período preelectoral actual.
