Tegucigalpa. – La plataforma Defensores de Honduras emitió un contundente comunicado este lunes en el que expresa su total rechazo a la prolongación del estado de excepción, una medida que, según la organización, no solo ha fracasado en su objetivo de reducir la criminalidad, sino que ha abierto la puerta a un alarmante patrón de abusos y violaciones a los derechos humanos.
“La plataforma Defensores de Honduras se dirige al pueblo hondureño y a la comunidad internacional para manifestar su más profundo enfado, insatisfacción y repudio ante la prolongación incesante del Estado de Excepción”, inicia el documento.
La organización califica la medida como un «fracaso rotundo que no ha logrado combatir la violencia y se ha convertido en una grave amenaza a las libertades fundamentales y a la democracia». Para sustentar su postura, citan el respaldo de informes de la ONG Cristosal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Abusos y amenaza al proceso electoral
Los defensores denuncian que la suspensión de derechos constitucionales esenciales, como la libertad de circulación, de reunión y la inviolabilidad del domicilio, ha creado un ambiente propicio para los abusos de poder.
«Se han documentado detenciones ilegales, allanamientos sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza y hasta tortura, sembrando el miedo y la desconfianza en las instituciones», señala el comunicado.
Además, la plataforma lanza una seria advertencia sobre el impacto de esta medida en la salud del proceso electoral que culminará en noviembre de 2025.
“La coacción, el miedo y la restricción de libertades que impone esta medida ponen en grave riesgo el proceso electoral. Las elecciones не pueden ser legítimas si se celebran bajo un clima de miedo e incertidumbre”, advierten.
Exigencia de cese inmediato
Ante este panorama, la exigencia de la plataforma es clara y directa: el cese inmediato del estado de excepción. Demandan que el Gobierno adopte una política de seguridad pública que sea integral y que esté fundamentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
“No permitiremos que, bajo la excusa de la seguridad, se consolide un modelo autoritario que, como en uno de los países vecinos, busca controlar a la población y silenciar a la disidencia”, concluye el comunicado, en una clara alusión al modelo de seguridad implementado en El Salvador.
